El miércoles 23 de agosto, en el marco del denominado caso Los Centinales, se realizó la detención de varios altos mandos del Ejército del Perú. Un nuevo manejo y uso cuestionado del combustible en la institución castrense originó que el Poder Judicial acepte el pedido fiscal para proceder con la diligencia. El hecho trae a la memoria los dos casos de Gasolinazo que también comprometieron a generales y oficiales en el pasado.
El más recordardo de estos últimos es el que involucró al general EP (r) Edwin Donayre, también excongresista de la república, referido -según la fiscalía- al robo de combustible que hizo la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejécrcito y la Región Militar Sur durante el 2006, cuando este ocupaba la comandancia.
El Ministerio Público acusó a Donayre y otras 40 personas (entre militares y civiles) de inventar una supuesta necesidad de mayor combustible para justificar la aprobación de dotaciones extraordinarias de petróleo y gasolina de 84 octanos. Su objetivo, de acuerdo a la investigación, vender la gasolina sobrante a los grifos de la zona para amasar jugosas sumas de dinero.
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La acusación fiscal reveló que el valor del combustible robado habría ascendido a los 2,5 millones de soles. El caso se denunció a mediados del 2007 y proceso judicial avanzó lentamente, para luego estancarse. Ocho años después, en 2015, recién inició el juicio oral en contra de los investigados. Para ese entonces, Donayre aún no era candidato al parlamento.
En 2018, once años después de conocido el primer caso de Gasolinazo, el Poder Judicial condenó a cinco años y seis meses de prisión efectiva a Edwin Donayre, a quien se le encontró culpable del delito de peculado en agravio del Estado peruano. Su defensa legal y la del otros intentó dilatar la ejecución de la pena. Ya con todo en contra, el general en retiro decidió pasar a la clandestinidad. En 2019, lo capturaron en Puente Piedra.
Segundo Gazolinazo en el Ejército del Perú
El denominado nuevo Gazolinazo, el segundo sonado caso que comprometía al Ejército peruano con la sustracción y comercialización de combustible, incluyó en su investigación al general EP (r) César Astudillo, entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y otros 11 miembros de la institución.
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En el marco de este caso, el Ministerio Público, con apoyo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), realizaron -desde que se denunció el hecho en 2018- allanamiento de las viviendas y las oficinas de los altos mandos militares en Lima y Piura. Además, la fiscalía llegó a solicitar la prisión preventiva por 36 meses para todos los investigados.
Según la investigación, se habría descubierto en flagrancia a una organización criminal que estaba integrada por oficiales del Ejército del Perú, quienes retiraban irregularmente pretróleo del grifo del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, más conocido como COEDE, por sus siglas.
Los Capos del diésel
El nuevo Gasolinazo salió a la luz con otro caso que salpicaba a militares con el combustible, los Capos del diésel, que operó de manera sistemática desde el 2013 al 2018, generanco al Estados peruano un perjuicio de más o menos tres millones de soles.
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Por este caso, se detuvo a fines del 2019 a 21 miembros del Ejército, entre ellos generales en retiro, coroneles, mayores y suboficiales, inclusive a un policía. El Ministerio Público solicitó para ellos una detención preliminar de 10 días y realizó, al igual que con el nuevo Gasolinazo, allanamientos a viviendas y escuelas de formación castrense.
En su momento, los exmilitares en cuestión negaron las imputaciones, pese a las serios elementos de convicción y la sólida hipótesis fiscal. Este también es el caso del general de brigada EP Henry Mario Acosta Bernuy, jefe de Estado Mayor de la Primera División del Ejército en Piura, detenido por el Los Centinalas, quien ya salió a negar que cometió delito.