El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, ha despertado controversia luego de que afirmara en una conferencia que considera a El Salvador como un país que ha tenido éxito en el combate de la delincuencia. Esta estrategia es cuestionable pues consiste en la instalación de un régimen de excepción que suspende ciertos derechos constitucionales. Sin embargo, no ha sido la primera vez que una autoridad hace referencia al ‘plan Bukele’. Anteriormente, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también lo ha propuesto.
La delincuencia se ha convertido en uno de los principales problemas para el país. Los ciudadanos son víctimas de violentos asaltos que, en algunas ocasiones, pueden acabar con su vida. De acuerdo a una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 80% de los peruanos se siente inseguro en su zona de residencia, mientras que el 53% de los limeños vive atemorizado de vivir en una zona que sea considerada altamente insegura.
El titular de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, fue una de las autoridades que se ha mostrado a favor de la implementación de un régimen de excepción en el país como lo ha hecho El Salvador. A mediados de abril, el burgomaestre envió un oficio al ministro de Defensa para solicitar que se incluya a las Fuerzas Armadas en el patrullaje de la ciudad.
El funcionario señaló que la capital requiere de la intervención de militares para detener la delincuencia, sobre todo, el ciertos sectores donde la presencia de la inseguridad es mucho mayor. “Ponemos una o varias tanquetas en la noche, en sitios estratégicos, en diferentes sectores, zonas rojas, ya conocemos donde está el peligro. Voy a coordinar con el Ministerio de Defensa directamente”, expresó.
“El plan Bukele ha hecho un milagro en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar”, añadió.
Presidente del PJ y el ‘plan Bukele’
Los altos niveles de delincuencia preocupan a ciudadanos y autoridades. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció acerca de esta problemática que atraviesa el país durante la conferencia por la inauguración del Segundo Congreso Internacional de Flagrancia e hizo referencia a la estrategia que siguió El Salvador para disminuir los índices de violencia en el territorio.
Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, señaló.
Si bien el titular de este poder del Estado no hizo referencia específicamente al ‘Plan Control Territorial’, todo indica que hizo referencia al régimen de excepción que estableció el presidente de la República donde suspendió derechos y garantías constitucionales.
Cabe recordar que este país ha tenido una disminución considerable en los índices de violencia, los cuales han disminuido considerablemente desde que Nayib Bukele asumió la presidencia en el 2019.
¿Qué es el ‘plan Bukele’?
En busca de combatir la creciente criminalidad, El Salvador ha implementado una estrategia conocido como el ‘Plan Control Territorial’. Este enfoque suspende el ejercicio de algunos derechos constitucionales con el propósito de restaurar la seguridad en el país. Entre los derechos afectados se encuentran la libertad de asociación y el derecho a la defensa. Además, les otorga a las autoridades la capacidad de intervenir en las comunicaciones sin requerir una orden judicial previa.
Aunque las estadísticas sugieren que los índices delictivos han experimentado una mejora notoria como resultado de estas acciones, también se presentan datos que suscitan preocupación. Por ejemplo, en el transcurso del año 2022, se registraron más de 18 mil detenciones en tan solo un mes. Estas detenciones pueden ser llevadas a cabo por las fuerzas policiales sin necesidad de respaldo judicial.
Debido a estos hechos, numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado su voz en oposición a las medidas adoptadas bajo la administración de Nayib Bukele. Argumentan que el régimen de excepción podría exponer a los ciudadanos a violaciones de sus derechos fundamentales. En medio de esta situación, el delicado equilibrio entre la búsqueda de seguridad y la preservación de los derechos individuales continúa siendo un tema central de debate y preocupación en la sociedad salvadoreña.
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