El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció este lunes que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética Parlamentaria, una vez que esta se instale, para responder “de manera voluntaria” a la cadena de denuncias en su contra, la última de las cuales implica un presunto encubrimiento de deuda por reparación civil cuando era candidato a legislador.
A través de un comunicado, el diputado de Alianza para el Progreso reaccionó a un informe de Panorama, indicó que se trata de una “información propalada de manera tendenciosa” y aclaró que el 7 de junio del 2021 cumplió con el “pago total” de este concepto.
El caso se remota a agosto de 2011, cuando trabajaba como entrevistador local en Cusco y, durante un conflicto entre barristas y policías en el que falleció un adolescente, responsabilizó a un agente policial, por lo que fue querellado por difamación.
Dos años después, un juez resolvió reservar el fallo condenatorio y le impusieron el pago de diez mil soles. Soto interpuso una medida cautelar y dilató el proceso hasta 2016, cuando el Quinto Juzgado Civil de Cusco dejó sin efecto esta medida y le dio diez días cumplir con esta medida, que no fue regularizada sino hasta junio de 2021, cuando alcanzó una curul, según el informe.
“Durante mi inscripción como candidato al Congreso (año 2020) no figuraba ninguna deuda pendiente en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). El compromiso económico mencionado en el reportaje proviene de una Reserva de Fallo Condenatorio, no de una sentencia, en un proceso judicial con una persona natural, que incluía a un tercero civil responsable (empresa televisora), entidad que no hizo el pago de la reparación civil”, señaló.
“En ningún momento he eludido mis responsabilidades financieras. [...] Además, deseo enfatizar que toda la documentación relacionada con mi postulación fue minuciosamente revisada por los organismos electorales correspondientes. Esta revisión exhaustiva no arrojó ninguna observación ni impedimento en relación con mi candidatura”, aseguró.
La semana pasada, el titular del Parlamento rechazó que haya impulsado un proyecto legislativo que, en mayo pasado, modificó el plazo de prescripción de los procesos penales, lo que significó un eventual beneficio cuando iba a recibir una segura condena por presunta estafa y falsedad genérica.
Según La República, el legislador vendió por 265 mil dólares un predio que había adquirido por solo mil dólares. Posteriormente, en 2015, compró un lujoso inmueble por 252 mil dólares en el distrito cusqueño de San Jerónimo.
La partida registral, a la que accedió el diario, no consigna que el espacio se haya pagado a través de una hipoteca, por lo que eventualmente el monto de 2012 fue destinado a dicha adquisición. Soto comparecerá próximamente ante el grupo parlamentario que, paralelamente, deberá ver las denuncias que enfrentan otros siete congresistas por recortar irregularmente el salario de sus trabajadores.