La bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú presentó un proyecto que derogue la Ley 31751, que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año, La autora de la iniciativa es la congresista Sigrid Bazán.
En el escrito se menciona que la parlamentaria de izquierda busca la modificación del artículo 84 del Código Penal referido a la suspensión de la prescripción y del artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal.
En el primer dispositivo legal se indica que “si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”.
Por su parte, en el segundo dispositivo, se añade que “la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal”.
De momento, el legislador Hamlet Echeverría informó en su cuenta de Twitter que ha respaldado la propuesta de sus colegas Sánchez y Luque para que planteado ante la Mesa de Partes del Parlamento en las próximas horas. No se descarta que más representantes de otras bancadas se sumen con sus rubricas.
“He firmado este Proyecto de Ley propuesto por mis colegas Ruth Luque y Roberto Sánchez el cual plantea derogar el la Ley 31751 “Ley Soto”, que benefició al presidente del Congreso, Alejandro Soto y Joaquín Ramírez. Basta de legislar con nombre propio”, reiteró en su red social.
Beneficiario
La polémica inició a raíz de que Alejandro Soto, actual titular de Parlamento, respaldó el proyecto que modifica los plazos de la prescripción para evitar recibir una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra por la denuncia interpuesta por la empresa de transportes Waynapicchu por el presunto delito de estafa.
En efecto, el programa Cuarto Poder difundió el último domingo un video de la audiencia en el que la defensa legal de Soto se acogió al dispositivo legal ante el magistrado.
“En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, señaló el letrado.
A pesar de la contundente prueba visual, Soto ha negado que se quiera proteger con esta norma aprobada en el Congreso.
“Está utilizando una norma que a mí no me beneficia. No me beneficia en absoluto porque mi caso ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, dijo. “Es un argumento que él habrá utilizado. El fondo del asunto es que un juez en el 2019 ya había declarado prescrito el caso”, reiteró Soto en diálogo con Canal N.
Niño de Acción Popular
El caso de Alejandro Soto solo fue la punta del iceberg para que más colegas se acogieran a esta norma.
Según el diario La República, el parlamentario Jorge Flores Ancachi presentó el 25 de julio pasado una solicitud basándose en la llamada ‘Ley Soto’ ante la jueza del Primer Juzgado Unipersonal de Puno, Shirlay Basilka Flores Menéndez, con el fin de que se archive un pedido de diez años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de peculado doloso, malversación y falsedad ideológica por un caso que lo vincula en el 2009.
En el escrito, el integrante de la bancada de Acción Popular sostiene que todos los delitos que se le imputan en la acusación del Ministerio Público deben ser declarados prescritos. El planteamiento de Flores Ancachi fue expuesto en el inicio del juicio oral el 8 de agosto ante la jueza Flores Menéndez, pero ella no se pronunció ni tomó una decisión al respecto.
La fiscal Yessy Giovanna Condori Escarcena, de la Tercera Fiscalía Penal de Puno, señala que Flores Ancachi y el supervisor Percy Marca Huanca se apropiaron de más de 15.000 soles del Gobierno Regional de Puno entre los meses de abril y mayo de 2009.