Ante la ola de cuestionamientos que Alejandro Soto afronta en las últimas semanas, la bancada de Renovación Popular tomaría medidas. El congresista Jorge Montoya anunció que podrían presentar una moción de censura contra el titular del Parlamento en caso se comprueben las denuncias por contratar a su cuñada y beneficiarse con una ley para evitar una condena.
“Sí, de hallársele responsable, definitivamente iríamos por la censura”, dijo a la prensa. El portavoz del partido fundado por el alcalde Rafael López Aliaga añadió que tuvo una conversación con Soto para que solicitarle que se someta voluntariamente a las investigaciones de la Comisión de Ética que, hasta el momento, no tiene un presidente definido.
“Se habló del tema con el presidente y él dijo que se iba a presentar de forma voluntaria para ser investigado. Se está respetando ese ofrecimiento. La Comisión debe estar instalándose la próxima semana, a más tardar. Ahí vamos a esperar esa presencia voluntaria. Pero si no sucede, se procede con (interponer) la denuncia”, refirió Montoya.
De esta manera, Renovación Popular muestra una postura más visible ante la posibilidad de retirar a Alejandro Soto de la presidencia de la Mesa Directiva. El criticado legislador de Alianza para el Progreso (APP) es protagonista de varios escándalos. Dos han cobrado mayor fuerza.
La cuñada contratada
Según un reportaje del programa Al Estilo Juliana de ATV Noticias destapó que Soto contrató a la hermana de la madre de su menor hijo, Lizbeth Peralta, a pesar de que esto configuraría el presunto delito de nepotismo.
“Se ha dicho que yo he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es completamente falso, no es mi cuñada. [...] yo la contraté el año que ingresé, año 2021. Muchos meses después, en una relación con su hermana tuve un hijo, pero ni es mi esposa ni soy su conviviente”, dijo en una entrevista concedida a Latina.
Si bien el presidente del Congreso quiso negar cualquier relación, fotografías y video confirman Peralta estuvo en su juramentación el 26 de julio pasado. Esto confirmaría un vinculo cercano entre Soto y la madre de su pequeño hijo.
Tras este material, el congresista tuvo que salir a pedir disculpas. “Yo lamento esas desafortunadas frases, de haber dicho que fue una relación fugaz, pero no voy a ventilar mi vida privada en público”, dijo escuetamente a Canal N.
La congresista Flor Pablo (no agrupada) informó que presentó un oficio para que Soto sea investigado por este tema en Ética. En el oficio enviado al oficial mayor del Legislativo, Javier Ángeles Illman, instó al futuro grupo de trabajo que, “en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Ética Parlamentaria”.
La ley de la prescripción
De otro lado, otro escándalo que salpica a Soto es haber apoyado la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. Esta iniciativa impidió que reciba una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra por la denuncia interpuesta por la empresa de transportes Waynapicchu por el presunto delito de estafa.
En efecto, el programa Cuarto Poder difundió el último domingo un video de la audiencia en el que la defensa legal de Soto se acogió al dispositivo legal ante el magistrado.
“En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, señaló el letrado.
A pesar de la contundente prueba visual, Soto ha negado que se quiera proteger con esta norma aprobada en el Congreso.
“Está utilizando una norma que a mí no me beneficia. No me beneficia en absoluto porque mi caso ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, dijo. “Es un argumento que él habrá utilizado. El fondo del asunto es que un juez en el 2019 ya había declarado prescrito el caso”, reiteró Soto en diálogo con Canal N.