Durante su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció que iba a solicitar al Congreso de la República una delegación de facultades para legislar en seguridad ciudadana, economía y modernización del Estado. Para avanzar en este propósito, el primer ministro Alberto Otárola llegó ayer al palacio legislativo junto a Vicente Romero (Interior) y Álex Contreras (Economía).
Los representantes del Ejecutivo sostuvieron una reunión con Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), titular del Parlamento, y los demás miembros de su Mesa Directiva: Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosellí Amuruz (Avanza País). A su salida, ofrecieron una conferencia de prensa.
“El Poder Ejecutivo ha expresado el interés que la solicitud [delegación de las facultades] sea tratada en el más breve plazo posible, respetando la agenda parlamentaria porque el Congreso está conformando su cuadro de comisiones que será aprobado probablemente el próximo jueves”, precisó el primer ministro ante los medios de comunicación.
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El pedido presidencial sería atendido con urgencia por parte de la representación nacional.
Fuentes citadas por el diario El Comercio indicaron que la próxima semana se va a evaluar lo requerido por el Gobierno. Sin embargo, agregaron que le plantearán a la PCM que brinde más detalles sobre la Ley de Armas y Municiones que buscan impulsar dentro de la solicitud de facultades.
Pliego de pedidos
Hay que señalar que la presidenta Boluarte brindó un listado de propuestas que tendrán que ser materializadas a través de leyes que el Parlamento deberá autorizarles para elaborarlas, presentarlas, sometarlas a debate y, de ser el caso, aprobarlas o rechazarlas.
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En seguridad se va proponer que haya un plazo de 120 días para impulsar medidas que busquen aplacar la grave situación de inseguridad que se percibe en Lima y las regiones del interior del país. La primera de ellas es, sin duda, la creación de una Policía de Orden y Seguridad. Esto con el fin de reducir las cifras altas que existen por los delitos de robo, hurto y el uso de celulares robados o ilegales que son adquiridos en el mercado negro.
Luego, la modificación de diversos artículos del Código Penal para luchar contra la corrupción al interior del sistema penitenciario para sancionar a los malos elementos y facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en territorio nacional.
“En el marco de la solicitud de facultades, también vamos a fortalecer el control migratorio a nivel nacional adoptando medidas orientadas a mitigar los riesgos derivados de las acciones contrarias al ordenamiento jurídico, entre ellas, estableciendo un procedimiento administrativo sancionador aplicable a procedimientos migratorios”, dijo Boluarte Zegarra ante el Pleno del Parlamento.
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Adicionalmente, la jefa de Estado agregó que buscan tener una herramienta con la que se logre intercambiar información entre la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
También se proyecta establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento.
Además, fortalecer la función de integridad en el sector público y el aseguramiento universal del agua para todos los peruanos.