Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo de Lima, acudió a la ‘Gran Marcha Nacional’ el último miércoles 19 de julio. De manera pacífica, recorrió las calles del centro de Lima junto con otros activistas de la diversidad en un evento multitudinario. Evento que resultó invisible para la administración de Dina Boluarte y el Legislativo. El activista ondeó la bandera multicolor para reivindicar esa lucha que el Gobierno se rehúsa a abrazar.
Además de la dimisión de la mandataria, el cierre del Congreso y la reparación para las víctimas de la represión, la comunidad LGBTI llevó otra consigna. “Necesitamos nuevas elecciones con reformas políticas urgentes que nos permitan [...] acceder a una verdadera democracia con justicia social y representación”, remarca Apolaya a Infobae Perú.
La fórmula de Pedro Castillo y Boluarte ha omitido por completo los derechos LGBTI de la agenda pública: si el recluido exmandatario mostró su rechazo al matrimonio igualitario y no pronunció ni sola línea sobre el colectivo, la presidenta fue acusada de transfobia por la actriz Marina Kapoor, cuando se desempañaba como jefa encargada de una agencia de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“En medio de la inestabilidad política ha habido muy poca voluntad por sacar adelante diversas demandas y políticas. Los operadores antiderechos de distintos extremos políticos han obstaculizado cualquier avance en materia de derechos de la población LGBTI, los extremos han jugado en pared para bloquear cualquier iniciativa que busque ampliarlos, y se han esforzado por capturar instituciones que juegan un rol importante en la garantía de la democracia”, anota Apolaya.
“En Perú nunca, nunca, se ha promulgado una ley a favor de la comunidad LGBTI. En 200 años no ha habido nada a favor nuestro. Lo que sí ha habido últimamente es un golpe fortísimo contra la educación con enfoque de género; en consecuencia, una afectación a la comunidad LGBTI”, considera la periodista Giana Camacho, primera funcionaria trans en la historia de la Municipalidad de Lima.
La deuda histórica para la diversidad se mantiene en medio de denuncias de corrupción y plagio, y una investigación por genocidio: no hay una ley estatal contra los crímenes de odio —en lo que va del año hubo al menos seis—, la ley de identidad de género se mantiene paralizada, la propuesta de matrimonio igualitario no ha sido agendada para ser discutida ni ha recibido apoyo de los parlamentarios, y ni siquiera hay asomo sobre una iniciativa del cupo laboral trans.
“Esta gestión nos está dejando una incertidumbre muy grande sobre qué negociar y con quién. La gestión de Boluarte era principalmente de transición, y esto implicaba tener una presidenta cuyo trabajo sea promover las condiciones para tener un o una representante en un corto periodo de tiempo”, dice Gabriel de la Cruz, director de Presente, una organización dedicada a incorporar la diversidad LGBTI en el sector laboral y cultural.
“Si miramos la fórmula podemos recordar que en sus planes de gobierno no incluyeron a la comunidad y sus discursos tenían una postura antiderechos. Sobre ello no genera extrañeza que no haya ninguna política pública o acción que nos dé señales de que es una comunidad por la que les gustaría o buscan trabajar —continúa—. Sabemos que firmaron compromisos públicos, reuniones con activistas, pero no ha habido nada concreto. El Gobierno, claramente, está enfocado en mantenerse”.
“Ese respaldo tiene varios mensajes. Por un lado, el de la impunidad, y por otro, el que cada vez se aleja más de la sociedad civil organizada que ha aportado a diversos cambios sociales en el país. ‘La Resistencia’ es un grupo violento y homofóbico. Boluarte no ha rechazado la violencia de estos grupos porque justamente ese es el accionar del gobierno, usar la violencia para perseguir y matar a quienes reclamen por demandas justas no solo en Lima, sino también en otras provincias del país”, estima.
Ese silencio —matiza Apolaya— también comunica, sobre todo porque, según Ipsos, más de 1,7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual. “Es como si diera el apoyo a la violencia ejercida por estos grupos, aun cuando existe este porcentaje de ciudadanos que demanda igualdad. De igual modo, algunas propuestas de ley aprobadas por este Congreso significarán graves retrocesos en la educación, como la ley de textos escolares, que tiene como fin la intromisión de algunos padres de familia en decisiones que les competen únicamente al Estado en materia de contenidos educativos”, enfatiza.
Siete de cada diez peruanos reconocen que las personas de la comunidad son discriminadas y que la homofobia se aprende principalmente en el hogar (25%), los medios de comunicación (11%) y el barrio (10%), según la encuestadora. “Para hablar de retrasos, tendríamos que hablar de avances, y solo existe un par de lineamentos que se crearon desde el Ministerio de la Mujer durante el gobierno de Ollanta Humala. Pero, en estricto, no tenemos nada que celebrar. Todo se queda en el discurso”, interviene Gabriel de la Cruz.
La última iniciativa de unión civil, impulsada por Martha Moyano (Fuerza Popular), les niega la posibilidad de adoptar, lo cual resulta discriminatorio y no garantiza plenamente sus derechos.
“De modo que nos toca ponernos más activos y exigir que se nos abra la puerta como ocurrió con ‘La Resistencia’. Somos ciudadanos y deben atender nuestras necesidades. En esta gestión va a ser difícil —señala De la Cruz—. Boluarte debería convocar a elecciones y nos tocaría no solo una labor vigilante, sino de exigencia”. Porque al igual que Castillo, quizá Boluarte ha olvidado que el lápiz, el símbolo con el que llegó a Palacio, también es de múltiples colores.
