Este miércoles 26 de julio, el Congreso de la República eligió como máximo representante a Alejandro Soto, parlamentario con 59 carpetas fiscales por graves delitos, pero no es el único poder del Estado liderado por personajes cuestionados. La Presidencia y Fiscalía de la Nación están en la misma línea.
Tal es así que, de acuerdo a un informe de Hildebrandt en sus trece, la mandataria Dina Boluarte y la fiscal Patricia Benavides se reunieron a solas, en un ambiente especial y se enfrascaron en una charla privada por diez minutos, un hecho considerado inusual y peligroso, pues se dio previo al interrogatorio relacionado con presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
¿Qué cuestionamientos pesan contra los presidentes del Legislativo, Ejecutivo y Fiscalía?
Si bien el flamante líder del Parlamento ha negado tener investigaciones en su contra y ha presentado sus antecedentes penales o policiales como respaldo, de acuerdo a un informe del portal El Foco, basado en información del Ministerio Público, desde marzo del 2018 precisa una investigación contra Soto por estafa y apropiación ilícita común.
Otras de las denuncias corresponden a falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, delitos de falsedad genérica, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos.
Por si no fuera lo bastante grave, de acuerdo al medio Perú 21, ha presentado 14 querellas contra los periodistas que mencionaron estos hechos: “Cuatro son contra Miguel de La Cruz (Qosqo Times); cuatro contra Ronald Calvo (Qosqo Times); tres contra Karerina Bayona (CTC); una a Víctor Gutiérrez (CTC); y una respectivamente para Yessica Bazalar y Carlos Carrillo de Cusco en Portada”. Su distancia con los medios de comunicación sería tanta que decidió entrevistarse a sí mismo cuando postulaba al Congreso.
Por otro lado, Soto también fue incluido en la investigación por presunta organización delictiva liderada por César Acuña, fundador del partido Alianza para el Progreso, luego de la difusión de audios en el portal Epicentro, donde se tramaba favorecer al dueño de la Universidad César Vallejo.
La presidenta Boluarte tampoco se queda atrás. Además de ser reelegida como máxima representante del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac mientras era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social —pese a que el artículo 126 de la Constitución se lo prohíbe—, suscribió 13 documentos.
Asimismo, aunque el artículo 4 de la Ley N°31227 establece que en la declaración jurada de intereses se debe precisar los parientes que laboran en el Estado, la ahora presidenta no incorporó a ocho familiares de segundo grado de afinidad. Incluso, se conoció que su hermano y cuñado fueron contratados por la Municipalidad de Pueblo Libre y en la Escuela Nacional de Control cuando ella ya era parte del Ejecutivo.
Pero eso no es todo. También se le acusó de haber creado un puesto para colocar a su sobrino antropólogo José Ugarte Boluarte. En materia legal, la funcionaria está incluida en una investigación fiscal por lavado de activos, así como por peculado doloso y presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes producidas contra su gobierno.
En el caso de Benavides, la sucesora de Zoraida Ávalos, ha recibido serios cuestionamientos por sus tesis de maestría y doctorado, las cuales tuvieron un rol fundamental en su proceso de nombramiento. No obstante, ni sus profesores y compañeros de clase la recuerdan. Además, otra de las certificaciones con las que cuenta fue realizada en la academia Librejur, conocido por falsificar estudios jurídicos.
Uno de los personajes que también ha puesto en tela de juicio su idoneidad es su destituida antecesora, quien la acusó de sacar a la fiscal Bersabeth Revilla porque investigaba a su hermana Enma Benavides.