De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), la competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. Este concepto debería importarnos mucho, y ser el foco de atención de los hacedores de políticas y tomadores de decisiones, puesto que tiene un impacto directo en el crecimiento económico, así como en los niveles de ingresos y el bienestar de la población.
El WEF, hasta 2019, publicó el Reporte de Competitividad Global, donde midió la competitividad de 141 economías, tomando en cuenta 12 pilares: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, educación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, innovación tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación empresarial e innovación. En dicho año, las economías más competitivas fueron Singapur, EE. UU., Hong Kong, Países Bajos y Suiza; mientras que Perú se ubicó en el puesto 65, poco antes de la mitad del ranking, presentando entre nuestras principales falencias el aspecto institucional, y el de estabilidad macroeconómica como nuestra principal virtud.
En nuestro país, hace más de 20 años existe el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF), que funge como una comisión coordinadora entre el sector público, el privado y la academia, con el fin de priorizar e implementar acciones o reformas que impacten en la competitividad del país. El CNCF ha contado con una serie de agendas y planes por periodos de tiempo, siendo el más reciente el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (2019), que cuenta con 84 medidas, dentro de 9 objetivos prioritarios: infraestructura, capital humano, innovación, financiamiento, mercado laboral, ambiente de negocios, comercio exterior, institucionalidad y sostenibilidad ambiental, que involucran a 14 entidades en su consecución.
Sin embargo, cabe mencionar que, si bien se reconoce su trabajo y voluntad articuladora, uno de los mayores cuestionamientos que se tiene sobre el CNCF es que los planteamientos o acciones que se originan en esta no tienen un efecto vinculante en las entidades públicas, lo cual es lamentable.
Una aproximación al nivel de competitividad en el interior del país lo ofrece el Instituto Peruano de Economía (IPE), que elabora el Índice de Competitividad Regional (INCORE), con el que mide el avance en el desarrollo económico y social a nivel regional. El INCORE 2023, publicado hace un par de semanas, ubica entre las regiones más competitivas a Lima, Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica; mientras que entre las menos competitivas figuran Loreto, Ucayali, Huánuco, Huancavelica y Cajamarca.
Entre los principales hallazgos del INCORE, se tiene que existe una fuerte relación entre el nivel de competitividad y el desarrollo social y económico de las regiones, ya que las siete regiones con mayores niveles de pobreza en 2022, se ubican entre las diez regiones menos competitivas. Asimismo, el tercio superior en el ranking de competitividad está conformado exclusivamente por regiones costeras.
No ser conscientes de los beneficios que genera invertir en mejorar la competitividad, más aún en el interior del país, implica relegar de oportunidades a quienes más lo necesitan, ya que no solo estamos hablando de ganancias en productividad o menores costos; sino también de generación de empleo, acceso a servicios básicos y reducción de la pobreza.