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Junta Nacional de Justicia rechaza la denuncia constitucional de Patricia Chirinos contra tres de sus miembros

En un comunicado enfatizaron que ningún magistrado quiso presionar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para sacar un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Cuestionaron también los argumentos de la acusación de la legisladora de Avanza País.

Miembros de la Junta Nacional de Justicia, organismo encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el Perú.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó este miércoles un comunicado para expresar su rechazo a la denuncia constitucional que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) interpuso contra tres de sus integrantes por presuntamente haber ejercido presión sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con el fin de que su institución saque un pronunciamiento de respaldo a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada por diez años de la función pública en el Congreso.

“Ninguno de los miembros del Pleno de la JNJ ha sostenido conversación con el presidente del Poder Judicial o ha ejercido presión para promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Tampoco ha ocurrido ello respecto de algún otro integrante de la Corte Suprema de Justicia”, señala el pronunciamiento. En esa línea, la institución que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales recalcó que “respeta plenamente la separación de poderes”.

Además, la JNJ señaló que “condenamos que, en base a afirmaciones falsas de una fuente no identificada, publicadas en dos medios de comunicación, que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad”.

Como es público, el programa Combutters del comunicador Phillip Butters informó que Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala presuntamente llamaron sin éxito en dos ocasiones, el 28 de junio y 3 de julio, al titular del Poder Judicial para interceder por la exfiscal Ávalos.

Comunicado de la Junta Nacional de Justicia frente a la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos.

A raíz de este suceso sin confirmar es que los citados magistrados fueron acusados de los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencias y aprovechamiento indebido del cargo. Y además se pidió la inhabilitación por 10 años de la función pública.

“Una legisladora construya argumentos para denunciar constitucionalmente a tres miembros de esta JNJ por los delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencia, aprovechamiento indebido del cargo e infracción constitucional, solicitando se les destituya e inhabilite de la función pública por 10 años”, criticó la Junta Nacional de Justicia hacia la congresista Chirinos.

Finalmente, el tribunal alertó que este tipo de denuncias “no parecen ser fortuitos” porque parece “responder a objetivos que buscan afectar sus funciones constitucionales y, con ello, la institucionalidad del país”.

No es la primera vez

Cabe mencionar que esta es la segunda denuncia de la legisladora Patricia Chirinos, de Avanza País, contra la JNJ. En mayo pasado también reveló que denunció por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo a todo el pleno de este órgano que nombra, ratifica y destituye jueces y fiscales por sacar un comunicado respecto al caso de Zoraida Ávalos.

Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala han sido denunciados por la congresista Patricia Chirinos.

En paralelo al propósito de destituir a los magistrados de la JNJ también existen otros proyectos para capturar la institución desde el Congreso de la República.

El congresista Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, ha propuesto que todo el tribunal sean destituidos e inhabilitados por diez años de la función pública debido a que habrían infringido incisos de los artículos 156 y 139 de la Constitución Política del Perú.

Esto porque permitieron que Luz Tello Valcárcel siguiera en su cargo a pesar de que no habría cumplido inciso 3 del artículo 156 señala que para ser miembro de la JNJ se requiere “ser mayor de cuarenta y cinco años y menor de setenta y cinco años”.

Montoya también señala que se habrían cometido los delitos contra la administración pública en la modalidad de usurpación de función pública, abuso autoridad, nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

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