El Ministerio de Economía estimó en el 2022, que la brecha en infraestructura en el Perú asciende a US $100.000 millones, señalando que al año solo se ejecuta US $10.000 millones, es decir solo la décima parte. Claramente, los recursos son escasos en comparación a las demandas, por eso es necesario priorizar el destino de los mismos. Veamos la situación de uno de los muchos sectores clave para el desarrollo del país, la salud. La pandemia del COVID-19 nos demostró la enorme brecha que existe, pero además de eso, la agravó.
De acuerdo a reportes del Ministerio de Salud (Minsa), se detalla que al 2022, 91% de establecimientos de salud administrados por la entidad gubernamental cuentan con capacidad inadecuada reflejada en la precariedad de su infraestructura, equipo médico obsoleto, inoperativo o insuficiente. Más preocupante aún es que en 15 regiones del país, el 100% de los establecimientos de salud cuentan con capacidad inadecuada. Las brechas no se limitan únicamente al sector salud y es necesario que nuestras autoridades tomen acciones urgentes. Esto nos obliga a replantear cómo se destinan los recursos hacia dónde más se necesitan y qué actores son los más eficientes al administrar estos recursos.
Existen muchos cuestionamientos respecto al uso eficiente de los recursos y de la inversión pública por parte de los gobiernos locales y regionales, pero sobre ello es importante recalcar que, de acuerdo al último reporte de obras paralizadas realizado por la Contraloría, se detalló que a diciembre del 2022, existían 1.879 obras paralizadas en el país por un monto de inversión ascendente a S/. 21 595 042 322. De este monto, el 49.6% representaba obras públicas paralizadas gestionadas por el gobierno central.
Un caso que nos debe generar aún mayor interés es el de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pues el mismo informe de la Contraloría indicaba que las obras paralizadas correspondientes a este organismo, ascienden a 163 obras paralizadas, por un monto de inversión de S/ 3.052 millones. También la Comisión de Presupuesto del Congreso estableció que en marzo de este año, desde su creación en abril de 2017 hasta marzo de 2023, se habían destinado más de 4.055 millones de soles en gastos corrientes, lo cual generó que únicamente el 60.99% de su presupuesto en ejecución de proyectos de inversión en seis años.
Estos datos son preocupantes y deben hacernos reflexionar sobre la urgente descentralización de los recursos públicos, que permitan movilizar más eficientemente la inversión pública y no generar más burocracia. Es importante mencionar en este debate que el proyecto de ley, propuesto por la congresista Kelly Portalatino que plantea asignar el presupuesto, funciones, proyectos y actividades inconclusas de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios a los Gobiernos Regionales.
En un estado idóneo, los gobiernos regionales deberían ser los gestores de los proyectos de impacto regional. Aunque desde 2017, muchos proyectos de impacto regional han sido gestionados por excepción por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Pero para que ello sea realmente posible, no solo es necesario la redistribución de los recursos, sino la necesaria transferencia de conocimiento técnico para la gestión de los mismos, así como el fortalecimiento y destino de recursos para los Consejos Regionales para que sean los primeros encargados de la fiscalización de la inversión pública estableciendo mecanismos de vigilancia ciudadana, el acompañamiento y la auditoría permanente de la Contraloría. Si faltara alguno de estos factores, esta reforma está destinada a fracasar.
Frente a las enormes brechas existentes en el país y la imperiosa necesidad de hacer más eficiente el gasto público, este proyecto de ley nos debe llevar a la necesaria discusión respecto a la eficiencia del gasto público de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios y a una necesaria auditoría detallada de la entidad. Este es un debate que no puede esperar más.