La presidenta Dina Boluarte se refirió este miércoles al anuncio de la tercera Toma de Lima, una movilización prevista para mediados de julio y organizada por gremios que buscan llevar al corazón del país el rechazo al Gobierno y la demanda de una nueva Mesa Directiva en el Congreso.
“¿Cuántas muertes más quieren, por amor de Dios? ¿Acaso no les duele el alma a haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas?”, cuestionó la mandataria durante una conferencia desde Piura, donde sostuvo un encuentro con su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, en el puente internacional que comunica ambas naciones.
La legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) consideró que estas declaraciones significan “una advertencia o amenaza contra quienes ejercen el derecho” a protesta. “Si le interesa generar paz en el país, renuncie. Así vamos a un adelanto de elecciones”, tuiteó.
Boluarte, investigada desde enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, estimó que, en medio año de gestión, el Ejecutivo ha hecho una labor “de bombero apagando casi 500 manifestaciones violentas”, aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró graves violaciones de derechos.
En otro momento de su intervención, la jefa de Estado se dirigió a Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, quien participó en un evento en Europa donde la calificó como el rostro “de una coalición autoritaria y mafiosa” y de un “régimen cívico-militar”.
Boluarte señaló que esa “narrativa falsa” puede calificar como traición a la patria y cuestionó la subvención de ese viaje al extranjero. “¿Quién [los] financia?, [...] ¿de dónde sacan esas ideas? Ya quisieran ellos que sea así, no les vamos a dar el gusto, somos un gobierno democrático, respetuoso de las instituciones y Constitución”, anotó.
En esa primera fecha, enarbolada por distintos colectivos del sur, la Defensoría reportó al menos siete mil participantes. Otra edición fue convocada para marzo. La CIDH condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad en estas movilizaciones y aseguró que halló casos de ejecuciones extrajudiciales.
La investigación fiscal por el estallido social implica también al premier Alberto Otárola; a su antecesor, Pedro Angulo; a los exministros del Interior, Víctor Rojas y César Cervantes; y al actual ministro de Defensa, Jorge Chávez. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, ha sido citado a declarar como testigo.
Boluarte ya acudió esta semana al Ministerio Público, pero solo respondió las consultas de Fiscalía. Cuando las otras partes debían formular sus preguntas, se acogió al derecho al silencio por recomendación de su abogado, denunció la defensa legal de los deudos de las movilizaciones.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, mencionó días atrás que no permitirá una nueva Toma de Lima. “El centro histórico de Lima es intangible. Le hemos dado un armar a la Policía Nacional y al Serenazgo para detener y armar carpetas fiscales contra aquellas personas que atenten contra la seguridad y la paz ciudadana”, dijo.