Obstáculos. El Ministerio Público no puede avanzar con las investigaciones sobre la muerte de ciudadanos en las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte por la falta de pruebas. La concesonaria Aeropuertos Andinos el Perú, a cargo del aeropuerto de Juliaca y Ayacucho, lugar donde se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Estado, se niega a entregar los videos de las cámaras de videovigilancia instaladas en el establecimiento.
Hace seis meses que 49 personas perdieron la vida en las manifestaciones contra el régimen Boluarte. Muchos de ellos eran adolescentes que ni siquiera participaban de estas marchas, pero padecieron ante el impacto de los perdigones que presuntamente se disparaban indiscriminadamente contra el cuerpo de los ciudadanos, en su mayoría, en zonas vulnerables como cabeza y tórax.
Uno de los escenarios más violentos se registró en Ayacucho y Juliaca. Los aeropuertos de estas regiones presenciaron los enfrentamientos entre los participantes de estas movilizaciones y personal del Ejército y la Policía. Solo en ambas regiones 24 personas fallecieron, hecho que viene siendo investigado por la Fiscalía. En este caso existe un actor clave que podría ayudar a aclarar los hechos: la concesionaria Aeropuertos Andinos el Perú.
Como parte de las medidas de seguridad de la empresa, el lugar tenía cámaras de seguridad en ciertas partes del establecimiento. Estas grabaciones fueron solicitadas por la Fiscalía, pues contribuirían en las investigaciones iniciadas, pero la organización afirmó que no cuentan con el material fílmico.
De acuerdo al diario La República, Alejandro Chávez, administrador del aeropuerto, se negó a brindar los videos capturados por la cámaras y resaltó que solo tienen cámaras en el interior y exterior de la zona donde se encuentra el edificio terminal, es decir, no tienen las grabaciones de lo que sucedió en la vía pública.
Estas declaraciones fueron incluidas en dos actas fiscales del pasado 19 de diciembre. Además, detallan que Yuli Obispo Yupanqui, el fiscal a cargo del caso e integrante de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos, solicitaron los videos de los enfrentamientos que ocurrieron apenas cuatro días antes e esta petición.
Chávez indicó que no contaba con los videos de los enfrentamientos, pero indicó que Municipalidad Andrés Avelino Cáceres sí había registrado los hechos. El integrante del Ministerio Público a cargo hizo caso a esta referencia y acudió a la municipalidad, pero ahí le comentaron que las cámaras instaladas estaban inoperativas por daños.
Videos eliminados
No es la primera vez que Aeropuertos Andinos el Perú se niega a entregar los videos de los enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Estado. El medio IDL-Reporteros también solicitó mediante un pedido de acceso a la información pública que se les brinde las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentran desplegadas en los aeropuertos de Ayacucho y Juliaca, pero la empresa brindó distintas excusas para no entregarlas.
Según el portal, una de las primeras solicitudes fue rechazada con el argumento de que no contaban con las imágenes en ese momento, pues por un tema normativo el almacenamiento de los videos debe tener un plazo máximo de almacenamiento de 30 días, pero cuando se presentó esa primera solicitud se habría excedido este límite de tiempo.
La segunda solicitud se hizo el 14 de febrero y una semana después la concesionaria volvió a rechazar el pedido, esta vez, porque no tenía la autorización de “proporcionar imágenes o videos a terceros no autorizados”. En otras palabras, solo podía brindarle estas grabaciones al Ministerio Público o la Policía Nacional.
En la carta donde responde a esta solicitud, Abel Flores, apoderado de la empresa, citó el Decreto Legislativo N° 1218, ley que regula el uso de cámaras de videovigilancia. “Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben seguir los siguientes lineamientos [...] mantener reserva, confidelidad y cuidado debido de las imágenes, videos o audios”, indica el oficio.
IDL-Reporteros no aceptó este rechazo y acudió ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP), el cual falló a favor del equipo de reporteros y ordenó a la empresa a dar sus descargos. Sin embargo, esta alegó que no tenían cámaras que registren lo sucedido en el cerco perimétrico de revisión.
Nuevamente, el TTAIP se mostró en contra de lo señalado por la empresa y les ordenó que envíen todos los videos requeridos por IDL-R, pero estos afirmaron que se trataba de una entrega “materialmente imposible”.