El Poder Judicial decidirá el otro martes si confirma la sentencia de cuatro años de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, por un caso corrupción conocido como Aeródromo Wanka y enmarcado en el período en que fue gobernador de Junín (2011-2014). Si la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de esta región ratifica el fallo, el político pasará a ser recluido en un centro penitenciario.
A la fecha, Cerrón enfrenta el proceso bajo reglas de conducta que lo obligan a “no ausentarse de la localidad de su residencia [ni] del país”, así como “registrarse en el control biométrico los lunes de cada semana hasta [...] sentencia firme”, según una resolución citada por El Comercio.
La sentencia también incluye la imposición de una reparación civil de más de 2,18 millones de soles que deberá pagar de manera solidaria junto con los otros ocho sentenciados: Luis Donato Araujo Reyes, Eddy Ramiro Misari Conde, Aldrin Zárate Bernuy, Natali Yanina De La Vega Estrada, Mercedes Irene Carrión Romero, Serafín Samuel Blanco Campos y Luis García Morón.
El Ministerio Público sustentó que el Gobierno de Junín no debió realizar gestiones para crear un aeródromo en la provincia de Concepción, cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había informado que dicha región ya contaba con un aeropuerto.
El líder de Perú Libre, el primer partido de origen regional en alcanzar el Gobierno nacional, ya fue condenado en agosto de 2019 a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar en la cárcel) por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
A la fecha está impedido de acceder a cargo público debido a una inhabilitación que quedó firme el año pasado, luego que la Corte Suprema rechazó un recurso de casación de la Fiscalía.
Además, en agosto del 2021, fue imputado por la Fiscalía, junto con el actual congresista y entonces premier Guido Bellido, por una investigación por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre.
El caso, en que también están implicadas otras 15 personas, se denominó Los dinámicos del centro y, según la tesis fiscal, Cerrón orquestaba esta red de cobros ilegales para financiar la contienda electoral y pagar la indemnización de la condena que lo dejó impedido de ser candidato presidencial.
Bellido y su hermano Waldemar, por su parte, serían unos de los beneficiarios de ese dinero utilizado en la última campaña electoral, donde fueron electos congresistas por las regiones de Cusco y Junín, respectivamente.