Han pasado más de tres meses desde que Perú sufrió la pérdida de 49 compatriotas en las movilizaciones sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte y las investigaciones en su contra aún no prosperan. Distintas organizaciones internacionales han advertido sobre las presuntas violaciones a derechos humanos en estos acontecimientos. Una de ellas es Amnistía Internacional, quien ha revelado en un reciente informe que 20 de los casos estudiados tienen características de ejecuciones extrajudiciales.
La organización internacional ha evaluado 25 casos de personas fallecidas o heridas en el contexto de las movilizaciones sociales contra el régimen Boluarte. Estas víctimas tienen una característica en común: la mayoría recibió impactos de perdigones en el tórax, cabeza y otras zonas vulnerables. Las fotografías, videos y relatos indican que hubo una respuesta violenta de parte del Estado; sin embargo, hasta el día de hoy la presidenta de la República niega cualquier responsabilidad en estos hechos.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, dijo Boluarte en una conferencia de prensa luego de la publicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, esto fue desmentido en el último reporte de Amnistía Internacional ‘Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú'.
El informe indica que 20 casos evaluados podría constituir ejecuciones extrajudiciales cometidas por autoridades del Estado, pues estos habrían disparado indiscriminadamente contra los participantes haciendo uso injustificado de la fuerza, según testimonios, videos y otras evidencias recaudadas.
Estigma para deslegitimar
De acuerdo a la investigación, esta respuesta de las autoridades tuvo un componente racista y socioeconómico, pues el presunto uso excesivo de la fuerza letal estuvo enfocado en población indígena, campesina y pobre. Además, en un intento del Gobierno por deslegitimar estas protestas, estos ciudadanos también padecieron de calificativos estigmatizantes como “terroristas” o “delincuentes”.
“Cuando se hace referencia al ‘terruqueo’, a grupos armados [Como el PCP-SL y MRTA], que perpetraron atrocidades y abusos de derechos humanos a estas comunidades, y se les refiere a las personas que también fueron víctimas de estas atrocidades como pertenecientes a estos grupos, generan un contexto con la intencionalidad de legitimar los asesinatos. También para que la sociedad peruana acepte que esos crímenes y se convenzan de que la violación a derechos humanos está bien”, explicó.
Los integrantes de esta organización acudieron a zonas como Apurimac y Ayacucho, donde recogieron testimonios de víctimas que fueron calificadas de “terroristas”, cuando en realidad trabajan como campesinos. “Tenemos desgarradores testimonios de madres y padres que lloran la pérdida de sus seres queridos, de personas que han quedado con daño permanente a sus condiciones de vida, pero también un profundo dolor y trauma cotivo de haber sido referidas como terroristas pese a lo que ello significa para sus comunidades”, resaltó.
Dany Quispe, padre de Beckam Quispe, fallecido en una de las movilizaciones sociales en Apurímac, conversó con Infobae y rechazó los calificativos que recibe desde que comenzó a pedir justicia para la muerte de su hijo.
“No soy delincuente, no soy terrorista. Soy un estudiante”, dice el cartel que portan los familiares del jugador de fútbol.
Revelaciones más importantes
El informe ‘Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú’ ha evidenciado una serie de situaciones registradas durante las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte que deben ser tomadas en cuenta para evaluar la gravedad de esta situación.
- Posible estrategia ordenada o tolerada: de acuerdo a las investigaciones de Amnistía Internacional, la respuesta violenta de parte del Estado fue similar en todas las regiones donde se presentaron las manifestaciones [con mayor énfasis en algunas zonas, como aquellas que pertenecen a la sierra peruana]. Por este motivo, la organización deduce que existió una posible estrategia u orden para responder de esta forma.
- Fallecidos eran jóvenes: las hipótesis de algunos funcionarios del gobierno refieren que los fallecidos eran terroristas y pretendían generar alboroto durante estas protestas. Sin embargo, muchos de los muertos eran adolescentes de aproximadamente 15 años que no participaban de estas manifestaciones. “Si no fuéramos pobres, Christopher no habría muerto, porque no habría tenido que estar trabajando”, dijo la madre de Christopher Michael Ramos Aime, un joven de 15 años que falleció cuando cruzaba la calle. El menor no portaba armas ni era parte de las marchas.
- No hay investigaciones en la PNP: Según indagaciones de Amnistía Internacional, la fiscalía aún no ha confiscado las armas que se utilizaron durante estas movilizaciones ni se han interrogado a los posibles implicados, pese a que se conocen quiénes son los agentes estatales que formaron parte de estas operaciones.
- Sesgo racista: la población principalmente afectada fue aquella que reside en regiones marginadas históricamente, quienes se desarrollan como agricultores, campesinos y son considerados pobres. Se registró un número “desproporcionalmente alto” de muertes en estas zonas. Por ejemplo, en Lima Metropolitana se detectaron 105 protestas y 5 actos de violencia, aquí solo el 20% de la población se identifica como indígena. Sin embargo, en Ayacucho, donde el 82% se identifica como tal, murieron 10 personas.
