Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima, enfrenta al menos dos casos en su contra por presuntos actos delincuenciales. Se trata de las investigaciones por supuestos aportes ilícitos que recibió de las constructoras Odebrecht y OAS; y el caso del “No a la Revocatoria”.
El abogado de Leo Pinheiro, expresidente de la empresa OAS, reafirmó el último 10 de mayo que su patrocinado autorizó la entrega de 7 millones de dólares a Villarán de la Puente. Según indicó, este no entregó el dinero personalmente y tampoco “sabe cómo se distribuyó”, sin embargo, “como jefe de la empresa lo autorizó”.
“Se entiende que la cabeza de la institución en ese tiempo era Susana Villarán. Pinheiro no lo entrega [el dinero] (…) son otras personas quienes hacen las entregas. Estos exfuncionarios son los que realizan la entrega de ese dinero”, indicó el abogado Fernando Silva.
El letrado agregó que este también “ha reconocido pagos ilícitos para la adenda 1 (de la Línea Amarilla), pagos ilícitos para el trato directo y aportes de campaña para la no revocatoria. Estamos hablando del año 2013-2014. Los beneficiarios son, evidentemente, Susana Villarán y José Castro, los directivos de la Municipalidad (de Lima) en ese momento”.
El último lunes ocho de mayo, además, el magistrado Jorge Chávez Tamariz dio inicio a las audiencias de control de acusación contra la exburgomaestre y otros coimputados por el caso de una presunta red criminal que operó, hasta el 2015, al interior del municipio.
A Villarán se le atribuye la comisión de lavado de activos, asociación ilícita, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
Por estas imputaciones, el fiscal José Domingo Pérez, en representación del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 29 años de cárcel en su contra, un impedimento de salida del país por 36 meses y aumentar las reglas de conducta en su contra.
En el año 2020, la exfuncionaria fue excarcelada tras cumplir casi un año de prisión preventiva en el Penal Mujeres de Chorrillos.
Dicha medida en su contra fue reemplazada por un arresto domiciliario con determinadas reglas de conducta: pagar una caución de 20 mil soles, no reunirse con otras personas en su domicilio ni desarrollar encuentros en él, no comunicarse con sus coimputados, entre otros.
Posteriormente, en mayo del 2021, se le impuso dos nuevas normas de conducta: no salir del país y no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial.
Estas medidas se realizaron en el marco del caso del “No a la Revocatoria”. El Ministerio Público solicitó, en agosto del año pasado, 17 requerimientos de conducta en contra de la investigada. Estos deberán evaluarse en el proceso de control de acusación.
La entidad, hoy liderada por la fiscal Patricia Benavides, estima que Villarán recibió 11′293,000 dólares para “financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y las elecciones municipales de 2014 con el fin de mantenerse en el poder”.
“Esta dispuso favorecer a estas empresas con la finalidad de que la líder de esta organización [Susana Villarán] se mantenga en el poder obteniendo activos ilícitos (…) para ello se realizaron una serie de delitos, entre ellos, ocultamiento de dinero, falsa declaración ante la ONPE [Oficina Nacional de Procesos Electorales] y el JNE [Jurado Nacional de Elecciones]”, se indicó, en una audiencia, desde el Equipo Especial Lava Jato.
El Ministerio Público no solo investiga a Villarán. En las diligencias fiscales también se encuentran comprendidos José Miguel Castro, ex gerente de la Municipalidad de Lima; y la exregidora Marisa Glave. Esta última enfrenta cargos por la presunta comisión de lavado de activos, cohecho y asociación ilícita para delinquir vinculados a las campañas de Villarán de la Puente.