El Poder Judicial admitió este sábado una apelación cursada desde el Ministerio Público para ampliar por tres meses el impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), investigado por el caso Westfield sobre presunto lavado de activos con una red criminal que habría recibido 12 millones de dólares en asesorías encubiertas de Odebrecht.
El juez Jorge Chávez, quien inicialmente desestimó el requerimiento, adoptó la medida al determinar que el recurso del Equipo Especial Lava Jato, liderado por José Domingo Pérez, cumplió las formalidades de la ley para que sea revisado.
El juez ha remitido el recurso a una de las salas penales de la Corte Superior Nacional para que sea revisada en una próxima audiencia, con participación de las partes involucradas.
Solo dos días atrás, la Fiscalía solicitó 35 años de prisión para Kuczynski, sindicado de coludirse con Odebrecht, a través de sus empresas de asesoría financiera, para apoyar sus proyectos de obras a cambio de supuestos sobornos.
En caso de ser condenado, podría cumplir una parte de la sentencia en su vivienda por superar los 70 años, según la ley. “Está totalmente tranquilo, confía en que la situación se va a resolver y en que ninguna persona pueda sindicarlo en algún acto de corrupción”, dijo a RPP su abogado Julio Mindolo.
Kuczynski, exbanquero de Wall Street, goza de libertad condicional desde abril de 2022 tras estar tres años bajo arresto domiciliario por otra investigación que se le sigue por presuntos aportes irregulares a su campaña electoral de 2016 de la empresa Construcción y Administración S.A., que no fueron registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Su abogado descartó que el expresidente Alejandro Toledo, en prisión preventiva tras ser extraditado en abril, haya incriminado a su cliente tras declarar por este caso en calidad de testigo.
Kuczynski dejó el cargo luego de que la constructora brasileña revelara que contrató a dos consultoras vinculadas a él, Westfield Capital y Firts Capital, para que la asesoren en operaciones financieras en Perú, un dato que omitió divulgar cuando llegó al poder.
Otros tres expresidentes están procesados por el caso Odebrecht, que en 2016 reconoció haber repartido decenas de millones de dólares en Perú en sobornos y donaciones ilegales de campaña desde inicios del siglo XXI.
También se incluyó en las investigaciones a Alan García (1995-2000, 2006-2011), quien murió en 2019, y a una serie de funcionarios, autoridades locales y a la excandidata presidencial, Keiko Fujimori.