Apenas tres de cada diez jóvenes que terminan el colegio logran acceder a la educación universitaria, según el Ministerio de Educación (Minedu). Bajo esta premisa, la congresista Silvia María Monteza Facho, de Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca la creación de la primera universidad nacional virtual en el país. Sin embargo, en el documento no se explica cómo se fiscalizaría la calidad educativa en la posible nueva institución.
El proyecto de ley 4976/2022-CR busca la aprobación de la Ley que crea la primera universidad nacional virtual del Perú “Fernando Sergio Marcelo Marcos Belaúnde Terry”, quien fue expresidente del Perú y catedrático en diferentes casas de estudio.
La también segunda vicepresidenta del Congreso de la República señaló en la propuesta del proyecto de ley que esta universidad tendría 10 carreras distribuidas en tres facultades. Estas son las escuelas profesionales de Arquitectura, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Ciencias Políticas, Filosofía, Ciencias Sociales, Administración, Ciencias Contables, Economía y Educación. Además, pide que se declare de interés nacional su implementación.
Esta universidad tendría una sede administrativa en Lima, pero los ciclos académicos se dictarían por internet y se enfocaría en el desarrollo tecnológico de sus estudiantes, de acuerdo a la propuesta.
La parlamentaria cita que en los países de México y España la oferta de universidades virtuales tuvo éxito, por lo que considera que esta medida también será viable en el Perú. Así, destaca las experiencias de la UNIR-Universidad de La Rioja, una casa de estudios con sedes en México, Colombia, Ecuador, Perú y otros países del mundo, así como la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y la Universidad Tecnológica en Línea (UTEL) con sede mexicana.
También hace referencia a la dificultad de los jóvenes peruanos para acceder a la educación superior luego de la culminación de su paso por la escuela secundaria. Sin embargo, pese a las posibles buenas intenciones, no hace referencia a cómo se supervisará la calidad de la formación académica que se imparta en esta institución pública y online, sobre todo en un contexto en el que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha sido debilitada en sus funciones de fiscalización.
Esto luego de que el Parlamento “devolviera” la autonomía a las universidades, logrando desbaratar la reforma educativa iniciada desde el 2015. Actualmente, incluso un par de universidades que no mostraron condiciones mínimas de calidad seguirán funcionando gracias a la flexibilidad de la nueva Sunedu.
Si bien se trata de una propuesta declarativa, se sustenta que esta medida podría responder a la demanda de jóvenes de todo el país. También hace referencia a que en el contexto de pandemia los estudiantes de todo nivel educativo se adaptaron a las clases virtuales y lo presenta como un indicador. Se reconoce que tuvieron dificultades, aunque se menciona que solo “al inicio” cuando lo cierto es que escolares, universitarios y estudiantes de institutos de zonas marginales enfrentaron graves problemas durante los años de emergencia sanitaria y muchos terminaron abandonando las clases.
Así, hay que señalar que al tratarse de un proyecto de ley, es decir, una propuesta de norma, aún deberá ser analizada en alguna comisión del Congreso de la República para que eventualmente pueda ser discutida ante el Pleno.