La presidente de la república, Dina Boluarte, sostuvo una reunión con distintas autoridades, el último lunes ocho, tras sus declaraciones en torno a entidades como las Fuerzas Armadas (FF.AA.), entre otros, y la participación de estas en las últimas protestas a nivel nacional.
La dignataria se desligó de las acciones que estos asumieron, en las más de 477 movilizaciones según el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y sostuvo que la gestión de las manifestaciones fueron manejados exclusivamente por las instituciones correspondientes.
“Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”, comentó a El Comercio.
En este marco, se reportó el ingreso del jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Manuel Gómez de la Torre; y los comandantes generales de la Fuerza Aérea, Alfonso Artadi Saletti; del Ejército, David Ojeda Parra; y de la Marina de Guerra, Alberto Alcalá Luna.
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De acuerdo al portal de visitas del Despacho Presidencial, los altos mandos ingresaron a Palacio de Gobierno a las 4:02 p.m. y finalizaron su encuentro con Boluarte Zegarra a las 5:28 p.m.
En la misma fecha, la mandataria participó del ejercicio multinacional del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Americanas “Cooperación IX – Perú 2023″.
Durante su participación en el evento, afirmó que respalda el trabajo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. Frente a los asistentes, además, aseguró que resalta el “compromiso, esfuerzo y desempeño” de los efectivos.
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“Ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y abnegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. (…) Nos ha tocado estar al frente del Gobierno en un periodo difícil [debido a la emergencia por los fenómenos climáticos], pero estamos demostrando que tenemos el coraje para sacar adelante al país de la mano de las instituciones y de la comunidad”, puntualizó.
Informe de la CIDH
El Ejecutivo realizó una conferencia de prensa, el último miércoles 3, luego de que la CIDH emitiera un informe sobre la gestión de las manifestaciones entre el 7 de diciembre del 2022 —tras el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo— y el último 23 de enero.
La entidad señaló que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en Ayacucho, mientras que en Juliaca (Puno) estas podrían haber ocurrido.
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Al respecto, la mandataria afirmó que nuestro país respeta los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.), los que calificó como “pilares fundamentales de todo sistema democrático”; sin embargo, expresó que la Presidencia encontró aspectos en el documento “que no comparte, pero respeta”.
“De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, manifestó.