Por el presunto delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado, la Fiscalía solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los ocho investigados por la presunta venta de exámenes docentes en noviembre del 2021.
La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal sostiene que los implicados accedieron a la venta de la Prueba Única Nacional, para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial, y ofertaron la misma a los diversos postulantes.
“[Ciudadanos] habrían sustraído el instrumento de evaluación y se lo entregaron a la congresista de la República por San Martín, Lucinda Vásquez Vela [Bloque Magisterial]”, presume la institución.
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El documento fiscal, dirigido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, requiere que las compañías Bitel Perú, Movistar [Telefónica del Perú], Claro [América Móvil] y Entel [antes Nextel] brinden información sobre los titulares de las líneas telefónicas activas, entre ellas, sus nombres y apellidos; de acuerdo a El Comercio.
Asimismo, se solicita el registro histórico del tráfico de llamadas y mensajes de texto, así como la titularidad de las líneas telefónicas vigentes detalladas, entre el primer de agosto y el treinta de noviembre del 2021.
El pedido se realizó a mediados del año pasado, pero fue desestimado por el magistrado Juan Carlos Checkley; de acuerdo al medio citado. El juez supremó pidió subsanar las observaciones realizadas, la Segunda Fiscalía apeló la medida y, eventualmente, la Sala Suprema Penal Permanente declaró fundado en parte la solicitud.
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Los comprendidos en las diligencias son la congresista Vásquez Vela, Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación: Carlos Gallardo; los docentes Olga Carmela Chávez Muñoz, Héctor Llamacponcca Rabelo, María Angelina Tapia Leiva, Jorge Fasanando Pezo, María del Carmen Flores Ruiz y el galeno Manuel Luiz Zafra Carrera.
“La parlamentaria habría entregado la prueba a unos terceros, quienes habrían vendido el documento hasta por S/ 3,000 (para su aparente filtración) en distintas provincias de San Martín”, señala la hipótesis del Ministerio Público.
En esta línea, agrega que “el dinero recaudado habría sido entregado a la parlamentaria Vásquez Vela con fines desconocidos”.
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