El primer ministro Alberto Otárola rechazó las insinuaciones del partido Fuerza Popular, liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori, sobre un presunto interés político del Ejecutivo en los casos que lleva la Fiscalía.
La agrupación naranja emitió un comunicado, el último martes once de abril, luego que el Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional (PNP) realizara un megaoperativo de incautación de bienes del excongresista fujimorista (2011-2016) Joaquín Ramírez.
El también excongresista de FP -actual alcalde de Cajamarca- es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos, fraude en la administración pública y desbalance patrimonial.
En este marco, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que el caso antes mencionado -en relación a los citadas faltas- “es el más grande en el Perú después del expediente Orellana”.
“Exhortamos a la presidenta Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, sostuvo FP.
Frente a ello, Otárola Peñaranda sostuvo que “el Gobierno [de Dina Boluarte] no ha intervenido ni intervendrá en ninguna investigación fiscal”.
“Respetamos la independencia de poderes públicos y la teoría del caso, y las investigaciones, las realiza el Ministerio Público”, manifestó el primer ministro, a su salida del Congreso de la República, este miércoles doce de abril.
A Ramírez Gamarra, por otro lado, se le incautaron un total de 295 bienes, entre ellas, avionetas, vehículos, entre otros, valorizados en una suma de más de mil millones de dólares.
Según la hipótesis fiscal, el excongresista fujimorista forma parte de un brazo comercial -al interior de una red criminal dedicada presuntamente a lavar dinero- cuya función era instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas.
El titular del Gabinete Ministerial, sobre este caso, precisó que el Ejecutivo no se “pronunciará” sobre el caso en mención y sobre otro que atraviese circunstancias similares.
“Uno de los temas fundamentales en el Gobierno es el respeto por la investigación fiscal y además debe ser llevada de manera reservada. Encontrarán un gobierno que va a pronunciarse sobre temas públicos y no un tema particular que se tiene en investigación”, puntualizó.