La impunidad es una de las características principales del actual Congreso. Pese a que existen parlamentarios con denuncias graves con presuntos delitos de violencia contra la mujer, la bancada de Fuerza Popular ha decidido no tomar medidas en contra de estos legisladores. Por el contrario, se han mostrado permisivos con estos casos.
Luis Cordero Jon Tay es una de las figuras más claras de impunidad de este Parlamento. El exintegrante de la bancada fujimorista fue denunciado por su expareja de violencia física. Según comentó la víctima, el hombre la golpeó en la vía pública en el año 2014. Sin embargo, afirmó que no fue la única vez que sucedieron estos actos de violencia.
Esta denuncia llegó a la Comisión de Ética del Poder Legislativo, la cual recomendó suspender por 60 días al legislador por presuntamente haber amenazado mediante terceras personas a su exenamorada para que retre la denuncia en su contra.
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No obstante, esta fue rechazada por el Pleno del Congreso. La decisión fue duramente cuestionada por otros parlamentarios, quienes criticaron no haber sancionado Jon Tay ante la grave denuncia. 22 de 24 legisladores de la bancada fujimorista votaron a favor de devolver a la Comisión de Ética el informe que recomienda suspender a Jon Tay.
Aquel día, el Parlamento también decidió blindar a Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, congresistas implicados en el caso “Los Niños”. Ante ello, la bancada fujimorista presentó una solicitud para que se vuelvan a debatir las sanciones de la Comisión de Ética en contra de los legisladores. Pero esta acción no se repitió en el caso de Jon Tay.
Hay que recordar que la única medida que adoptó Fuerza Popular luego de que se conozca esta denuncia fue retirar al congresista de la Comisión de Inteligencia.
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El accionar de los parlamentarios ante este tipo de violencia desencadenó el rechazo de actores políticos y otras instituciones. Una de ellas fue la Defensoría del Pueblo, quien aseguró que las sanciones para agresores debe ser drástica y ejemplar.
“Violencia contra mujeres debe ser sancionada en todo nivel del Estado,mucho más si denunciado es funcionario público. El Congreso de la República debe evaluar de manera diligente caso de parlamentario Luis Cordero Jon Tay, a fin de sancionar éticamente este tipo de conductas”, precisó.
Caso Eduardo Castillo
Eduardo Castillo, congresista y exportavoz de Fuerza Popular, también fue acusado de violencia psicológica hacia su expareja. “La denunciante se encontraba en su domicilio y recibe mensajes por la red social de whatsapp del celular de propiedad de su esposo, los mismo que dicen que no le va a dar ni un solo sol, que el juicio por alimentos demora, que para eso ya cerraron el congreso”, detalló la cónyugue del acusado.
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La víctima manifestó que Castillo le escribió un mensaje diciéndole que fue “la peor etapa de su vida”. Además, comentó que habría recibido amenazas si decidía renunciar a su divorcio.
“Que se vaya de su casa, que no saque ni cama ni tele ni ninguna cosa, que de que va a vivir, que su hermana la va a desalojar de su casa, que junto con la demanda de divorcio iba a ir el desalojo, que ya no tiene seguro, que ya no tiene nada, que firme de acuerdo a lo que él dice, que se va a quedar sin ningún sol, que es una tonta, que va a botar las cosas de su casa”, puntualizó.
La afectada indicó que este no habría sido la primera vez que fue agredida por el congresista. Sin embargo, ante la difusión de esta denuncia, Fuerza Popular no anunció ningún tipo de sanción en contra del parlamentario. Sin embargo, esta acusación sí llegó a la Comisión de Ética, donde, pese a los votos en contra de sus colegas fujimoristas, la denuncia fue admitida.
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