El exasesor presidencial Biberto Castillo, involucrado en el caso ‘Gabinete en la sombra’, permanece a la espera de que el Poder Judicial decida su nueva situación legal.
Otros implicados en este caso, ya investigados por la Fiscalía, son Abel Cabrera, Salatiel Marrufo y el prófugo Alejandro Sánchez -dueño de la polémica vivienda en Sarratea (Breña) donde se denunciaron reuniones presidencial irregulares- forman parte de una presunta red delincuencial liderada por Pedro Castillo.
Para Castillo y Marrufo se calcula un periodo de al menos doce años por los supuestos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión; por los mismos cargos, mientras tanto, se estima 19 años en contra de Sánchez y Cabrera.
El último miércoles 29, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional analizó la solicitud presentada por el abogado del investigado (Humberto Abanto) -quien permanece recluido tras dictarse prisión preventiva por treinta meses en su contra- luego que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional descartara el mismo pedido el último martes catorce.
“En principio, creo que [mi] defensa ha sustentado claramente respecto a los nuevos elementos de cese. Quiero manifestar, respecto al arraigo laboral, no entiendo por qué ‘no tengo’, si en realidad tengo tres. Era abogado independiente habilitado, cuando salgo del gabinete técnico del Despacho Presidencial, regreso a mi labor”, indicó Castillo León durante la audiencia.
Añadió que laboró como gerente general en una empresa y luego ingresó a otra compañía como trabajador. “Hay una consecuencia de acciones, de hechos concretos, que consolidan mi arraigo laboral (…) He trabajado hasta el 2015 en el Legislativo y el Ejecutivo, no soy ningún improvisado”, aseguró.
Se espera que la Tercera Sala Penal -presidida por el juez Emérito Ramiro Salinas Siccha- notifique, dentro del plazo establecido en la norma, el cese o el rechazo del pedido de la defensa legal.