La exprimera dama Lilia Paredes, actualmente asilada en México, apareció este miércoles en la audiencia sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra por un presunto caso de corrupción.
La esposa de Pedro Castillo siguió la cita en forma remota y, ante la consulta del juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, evitó dar su dirección exacta.
“En este caso no podría dar el domicilio, si se respeta eso, por favor. Estoy en la Ciudad de México. Como todos saben estoy asilada aquí”, mencionó al magistrado, quien finalmente reprogramó la decisión para el próximo lunes.
El juez Raúl Justiniano admitió la petición de los abogados de la exprimera dama y de sus otros hermanos, Walter y David Paredes, de disponer de más tiempo para revisar los tomos del expediente fiscal, dado que la audiencia estaba programada inicialmente para junio próximo.
El magistrado dijo que era “atendible” el pedido de reprogramación en un plazo prudencial, “para efectos de no vulnerar los derechos de las partes” y descartó que el Poder Judicial esté dilatando esta diligencia.
El representante del Ministerio Público pidió al juez que rechace el pedido de los abogados, al considerar que hicieron la solicitud de información a escasas horas del inicio de la audiencia, y que la defensa “debe constituir un ejercicio diligente y eficaz”.
Recordó que Paredes también ha contado con la defensa pública del Estado, que ha asistido a las diligencias previas, además de haber estado debidamente notificada de su pedido de prisión preventiva.
Antecedentes
La exprimera dama fue incluida por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de organización criminal que, según sus investigaciones, dirigió Castillo desde el Gobierno para obtener sobornos y entregar obras públicas a empresarios amigos, así como designar a sus allegados en puestos públicos a cambio de dinero y favores políticos.
El día que Castillo dio el fallido golpe de Estado estaba camino a la embajada de México con sus hijos menores de edad, pero fueron impedidos de continuar su desplazamiento por la Policía Nacional y la seguridad del Estado que recibió la orden de detener al exjefe de Estado por rebelión y conspiración.