A fines de enero, el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva, en el marco de las investigaciones por el caso Tarata, en contra de la excabecilla terrorista Martha Huatay.
El pedido provino de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo, liderado por la fiscal Ketty Garbay Mascco.
La audiencia de este recurso ya fue programado por el Poder Judicial (PJ), de forma inaplazable, y se llevará a cabo este jueves treinta de marzo.
La sesión se llevará a cabo pese a que Huatay Ruiz continúa con paradero desconocido. La sentenciada por terrorismo, que fue liberada en el pasado 2017 tras 25 años de condena, salió del país en junio del año pasado en dirección a Argentina.
La diligencia se realiza 31 años después del ataque terrorista en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores.
Según pudo conocerse, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, dispuso que el encuentro virtual se realice a las nueve de la mañana.
El magistrado también estableció que la sentenciada por terrorismo sea emplazada mediante edictos penales.
Esta medida se llevará a cabo, de acuerdo con lo determinado en la última audiencia del 23 de febrero, debido a que Huatay ya no reside en el domicilio del distrito de Magdalena que fue consignado, formalmente, en el 2008.
“Para efectos de la notificación al domicilio de la investigada y teniendo esta la calidad de incierto, se dispone la notificación por edictos a la investigada Martha Isabel Huatay Ruiz, por tres días consecutivos, mediante la formalidad prevista”, puntualizó la instancia judicial.
Caso Tarata
Martha Huatay Ruiz recibió una orden del Comité Central de Sendero Luminoso, liderado por el fallecido terrorista Abimael Guzmán, para ejecutar el recordado y lamentable aatentado con un coche bomba en la calle Tarata, de acuerdo con la tesis fiscal.
El Ministerio Público, en el marco de esta investigación, ha reiterado que no se puede eximir de una pena grave como esta para la mujer de 79 años.
Actualmente, la normativa estipula que el delito de terrorismo, ya sea en forma simple o agravada, no permite que los procesados accedan a algún beneficio.
Además, la entidad liderada por Patricia Benavides -Fiscal de la Nación- considera que la salida del país de Huatay configura como una conducta de evasión a la justicia.
“Existe una clara intención de la imputada de sustraerse de la acción de la justicia, pues luego de tomar conocimiento de la formalización de investigación preparatoria, inmediatamente abandonó el país sin comparecer ante el Ministerio Público para brindar su declaración tal como fue ordenado por este despacho, mostrando con ello falta de colaboración con la administración de la justicia”, se lee en el documento de pedido de prisión preventiva.