Este miércoles 1 de marzo, el Gobierno de Dina Boluarte publicó en el diario oficial El Peruano el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”. Este documento fue elaborado por el Estado Mayor General de la Policía Nacional y los ministerios del Interior, Salud, Justicia y el Colegio de Periodistas.
El proyecto busca regular el trabajo periodístico durante las manifestaciones sociales, alertó el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), por lo que señalaron que, al contrario, en estos contextos, el Estado debe respetar la labor de la prensa.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) también aseguró que deben prohibirse los actos de intimidación de parte de los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas, así como la violencia contra periodistas. Exigieron que se sancione a quienes cometan estos actos.
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Para contrarrestar los efectos de esta nueva norma, el IPYS sugirió a los medios de comunicación que creen sus propios protocolos de seguridad con el fin de que sean aplicados para salvaguardar a los reporteros y reporteras que registran manifestaciones sociales.
También pidieron que se investigue de forma adecuada las denuncias que se presentaron contra quienes agredieron a periodistas durante las últimas protestas.
Según el protocolo, el Viceministerio de Orden Interno y el Comando de Asesoramiento General de la Policía Nacional del Perú (PNP) deben sugerir a los periodistas una ubicación a la que acudir cuando se desate la violencia para que puedan garantizar su “integridad física o evitar la labor policial de restablecimiento del orden público”.
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En ese mismo punto, resaltan que si los periodistas incumplen esta indicación y, producto de ello, sufren alguna afectación a su integridad, será bajo su responsabilidad.
El protocolo también indica que son los mismo policías quienes deben recibir las denuncias por agresión física hacia periodistas o comunicadores sociales que se cometieron durante manifestaciones sociales.
De acuerdo al documento, el viceministerio mencionado también debe recomendar a los medios de comunicación que los periodistas que registren manifestaciones sociales deben acudir con casco, chaleco y elementos que comprueben que laboran para una empresa, así como el carné de prensa.
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En las disposiciones finales del protocolo se indica que en un plazo de 30 días calendario, después de su publicación, se presentará una cartilla informativa sobre las acciones, recomendaciones y buenas prácticas para su aplicación.