Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo, envió el miércoles una carta abierta al diario argentino Página 12 en la que se refirió al fallido autogolpe de diciembre pasado, se declaró anímicamente convaleciente y pidió ayuda a la comunidad internacional.
Sin embargo, la hermana de la exprimera dama, para quien el Ministerio Público pidió 23 años de cárcel por organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, omitió que la Fiscalía ya formalizó la investigación preparatoria contra el exmandatario, sindicado como presunto autor de varios delitos de corrupción durante su Gobierno.
Desde entonces, el exjefe de Estado está detenido en una cárcel en Lima, acusado de rebelión. “Las fuerzas se me van, pero recuerdo que mi papá lleva dos meses sin hablar con mis hermanos (sin comunicación telefónica porque no le permiten tener llamada, cuando aquí en el Perú sí se tiene derecho a una llamada diaria)”, añadió Paredes, quien salió de la cárcel en octubre de 2022, tras casi dos meses de recibir prisión preventiva por un presunto caso de corrupción.
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Paredes, a quien el exmandatario crio como una hija, recibió 30 meses de prisión preliminar, pero la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada revocó aquella decisión ordenada por un primer juez a petición de la Fiscalía, al declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por su defensa.
Paredes es sindicada por la Fiscalía como la “testaferro” de la presunta red corrupta enquistada en el Gobierno de Castillo al supuestamente coordinar la adjudicación de obras públicas en Cajamarca, la región oriunda de la familia presidencial, con el empresario Hugo Espino.
“Mi familia y yo suplicamos por ayuda internacional, estaremos eternamente agradecidos. Bendiciones”, concluye su carta abierta en el medio argentino, donde se define como “hija del presidente del Perú”.
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Uno de los abogados de Castillo es el exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien considera que su patrocinado no debió ser procesado por rebelión, ya que no se alzó en armas.
Guido Croxatto, otro argentino que integra el equipo legal, aseguró a El Comercio que buscarán el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) e instancias internacionales.