El Ejecutivo presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal para “reforzar la respuesta del Estado” frente a diversos delitos en el marco de las manifestaciones.
La iniciativa lleva una carta firmada por la presidente de la república, Dina Boluarte, y el primer ministro Alberto Otárola. En el documento se saluda al titular del Congreso, José Williams Zapata, y se solicita considerar la aprobación de esta medida con carácter de “urgencia”.
“La presente ley tiene por objeto (...) establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia”, se lee en la propuesta.
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De aprobarse el texto, aumentarían las penas de los siguientes delitos en los rangos mencionados:
- Lesiones leves: con una pena actual de 2 a 5 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 14 años.
- Formas agravadas de daño de bienes: con una pena actual de 1 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción de 4 a 8 años.
- Atentado contra medios de transporte: con una pena actual de 3 a 6 años, pasarían a aumentar en una sanción 8 a 20 años.
- Entorpecimiento al funcionamiento de Servicios Públicos: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción de 8 a 10 años.
- Disturbios: con una pena actual de 6 a 8 años, pasarían a aumentar en una sanción no menor de 15 años.
Para aplicar dichas medidas, el documento solicita la modificación de los artículos 121; 122; 159; 186; 189; 200; 204; 206; 273; 279; 279-A; 279-B; 279-G; 280; 283; 315; 365; 366 y 367 del Código Penal.
A la fecha, el proyecto ya se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidido por el congresista Américo Gonza Castillo (Perú Libre), para su eventual evaluación.
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“La presente propuesta normativa representa un beneficio tanto para la ciudadanía (en la medida que podrá verse protegida frente a tales actos, a través del establecimiento de medidas más disuasivas, en contextos de emergencia), como para el Estado (en la medida que le permitirá afrontar los problemas que pudieran presentarse y agravar los contextos de crisis que dan pie a la declaratoria de un Estado de emergencia)”, se puntualiza.