Una vez que Alejandro Toledo (2001-2006) regrese al Perú, luego de que el Departamento de Estado de EE. UU. concediera su extradición, el expresidente debe ser apresado ante una orden de prisión preventiva en su contra que data desde 2017 por el caso Odebrecht (coima de US$35 millones por la Interoceanica Sur - tramos 2 y 3).
Toledo, detenido en julio de 2019 por acusaciones de corrupción y bajo prisión domiciliaria en ese país, reside en el país norteamericano tras dejar la presidencia, salvo por un paréntesis en 2011, cuando se postuló en las elecciones presidenciales para un segundo mandato (fue derrotado en primera vuelta).
“Con esto, esperamos que las autoridades políticas dejen trabajar a la justicia para que determine, en estricto orden de los derechos, si el expresidente es culpable o no. Por el principio de especialidad, solo se lo puede procesar por los delitos por los cuales la autoridad americana lo ha extraditado, aunque la Justicia peruana puede solicitar la ampliación de los delitos si así lo determina [por ejemplo, con el ‘caso Ecoteva’”, añadió.
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El abogado internacionalista Carlos Jaico matizó que “todos los recursos” que la defensa de Toledo presentó previamente han sido desestimados con la confirmación de la extradición.
Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, recibió la noticia en los estudios de Exitosa. “Seguramente el Ministerio de Justicia o la Presidencia del Consejo de Ministros en cualquier momento se pronunciará”, adelantó el vocero del Ejecutivo.
Por su parte, la congresista fujimorista Tania Ramírez indicó que se trata de una “gran noticia” para el Perú. “El gobernante más corrupto, hasta ahora, llegará a rendir cuentas a la justicia. Alejandro Toledo inició la conformación de esa secta caviar que se ha apoderado del país y se niega a salir. La justicia tarda, pero llega”, tuiteó la legisladora.
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“Fujimori sigue en la cárcel. Humala estuvo en prisión preventiva por nueve meses. Kuczynski estuvo en arresto domiciliario. Castillo sigue preso tras su intento de golpe. Además, García se suicidó cuando iba a ser arrestado”, resumió.
En manos de Blinklen
En concreto, el exmandatario ha sido investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
En septiembre pasado, la Justicia estadounidense dio luz verde a su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.
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En el capítulo peruano del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, también estuvieron implicados los expresidentes Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori.