Este viernes tres de febrero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) sesionará para analizar diversas denuncias constitucionales formuladas contra los exministros de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Los exfuncionarios del Consejo de Ministros enfrentan acusaciones por la vulneración al orden democrático, como consecuencia del autogolpe de Estado del exmandatario, el pasado miércoles siete de diciembre.
La denuncia constitucional 328 alberga a la expremier Betssy Chávez, también exministra de carteras como Trabajo y Cultura; el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y al exministro del Interior, Willy Huerta. Este recurso fue formulada y extendida al Legislativo por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
A los citados exfuncionarios se les investiga por los presuntos delitos de coautor del delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional y rebelión en agravio del Estado y, alternativamente, por el delito contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional - Conspiración.
El grupo de trabajo, presidido por la legisladora Lady Camones (Alianza para el Progreso), iniciará su evaluación a las 8:30 a.m. La parlamentaria ya había anunciado que este caso se evaluaría en al menos cuatro sesiones.
“Por la cantidad de testigos y la complejidad del caso se ha programado la audiencia para cuatro fechas, las mismas que serán realizadas el 27 de enero, así como el tres, seis y ocho de febrero”, informó Camones Soriano días atrás.
En la primera sesión del pasado mes, no todos los miembros citados a la SAC acudieron al órgano legislativo. Chávez Chino alegó, aquel viernes 27, que debió ser internada de urgencia en un hospital debido a presuntos problemas médicos.
Debido a su inasistencia, en su caso, dicha cita fue reprogramada para escuchar su defensa. “Mi persona desconocía totalmente dicho contenido [mensaje a la Nación donde se intentó concretar un autogolpe] más aún del texto que fuera oralizado por el profesor Pedro Castillo”, indicó el último 30 de enero.
“Supusimos que iba a ser un pronunciamiento como el que había tenido un día antes en la noche, donde en el mismo despacho presidencial anuncia una situación con miras a la moción de vacancia del miércoles (...) [No hay pruebas de que] haya coordinado algún alzamiento en armas, conspiración, menos un acuerdo ilícito sobre lo cual no hay ningún testigo y, además, ninguna persona ha referido en el presente tener constancia o prueba alguna”, sostuvo.
Denuncia contra Luciana León
El grupo liderado por Lady Camones también debatirá el informe final de la Denuncia Constitucional 240, acusación que atribuye a la excongresista Luciana León (Partido Aprista Peruano - Apra) los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación del Código Penal.
El documento fue presentado por la exmáxima representante del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, el pasado once de marzo del 2022. León Romero, según la exfiscal de la Nación, incurrió en los citados delitos durante el ejercicio de su función congresal.
El defensor legal de la exparlamentaria aprista, Fernando Silva La Rosa, aseguró que “no hay elementos de prueba o elementos de convicción” en contra de su patrocinada. Por ello, durante la última sesión sobre este caso en la SAC, reiteró que esta no incurrió en el delito de tráfico de influencias.
Además, agregó que “ningún funcionario de los ministerios” presentó las respectivas pruebas “que señalen que la señora León Romero haya participado de manera directa para esas obras”.