Varias de las multas interpuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) hacia la Refinería La Pampilla S.A.A (Relapasa) de Repsol han sido apeladas. Hasta el momento son S/66 millones apelados y a esa lista se sumaría otra más que aún está en proceso de impugnación.
Se sabe que hasta el momento el OEFA ha impartido siete procesos sancionadores a Repsol. De todas ellas, una se encuentra en trámite, mientras que las demás, derivan en multas que dan una suma mayor a S/70 millones. Repsol ya ha apelado tres y dos están en proceso de apelación, aunque se informó que una favorecería a la empresa española.
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Una apelación más de Repsol
En la actualidad Repsol estaría evaluando impugnar una multa equivalente a más de 823 UIT, que suman más de S/3 millones 785.915, según La República.
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“Sobre esas multas el periodo de apelación está en evaluación, todavía no se ha ejecutado ninguna acción y el área de servicios jurídicos de la compañía lo está evaluando”, indicó el gerente de seguridad de Relapasa José Reyes Ruiz en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
Conflicto de intereses entre OEFA y Repsol
Luego de la noticia en la que Repsol logró apelar algunas de las multas millonarias interpuestas por OEFA, se supo que una de las trabajadoras de la institución fiscalizadora mantenía un vínculo con la empresa.
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La trabajadora es Angélica María García Gilio, funcionaria del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del OEFA quien es esposa del ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la refinería La Pampilla, Adolfo Eugenio Huapaya Venegas. Ella ha sido separada de su cargo y se le estaría investigando para determinar si incurrió o no en algún delito.
En el foro organizado por la CIP, Reyes Ruiz, trabajador de Repsol fue consultado sobre el caso del conflicto de intereses, para lo cual mencionó “no tener comentarios al respecto porque desconoce el tema”.
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Los afectados del derrame de Repsol
De acuerdo a los cálculos hechos por distintos organismos, el derrame de petróleo afecta directamente a más de medio millón de personas que están vinculados al trabajo marino, tales como pescadores, comerciantes, vendedores de comida, turismo y todos los negocios que se mueven en todo el litoral norte que inicia desde Ventanilla.
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En su momento la cancillería peruana manifestó que el peligro se había extendido a la flora y fauna de dos áreas naturales protegidas del Perú, la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Islotes de Pescadores y la Zona Reservada Ancón.
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