La presidente de la república, Dina Boluarte, cuenta con una serie de denuncias en el Legislativo en medio de la compleja situación que atraviesa el país.
La dignataria intenta aplacar las violentas manifestaciones suscitadas en todo el país, principalmente en regiones como Cusco, Puno, Ayacucho y Arequipa.
Una de las primeras denuncias que enfrentó Boluarte, en su calidad de vicepresidente y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue aquella referida a su presunta gestión de intereses y dirección a favor de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac.
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El congresista Edgar Raymundo (Cambio Democrático-Juntos por el perú) fue el encargado de sustentar el informe final de la denuncia, que recomendaba el archivamiento de la misma, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El documento se aprobó con trece votos a favor y ocho en contra.
Sin embargo, el citado grupo de trabajo, presidido por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), aún cuenta con otras nueve denuncias en contra de la presidente.
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Cuatro de estas denuncias, pendientes de calificación, están vinculadas a la represión policial usada en las marchas y a los fallecidos en estos enfrentamientos, según recoge Diario Gestión.
“Todas estas denuncias están referidas a las marchas y las protestas. Como se se trata de un mismo hecho, lo más probable es que se acumulen y tengamos un solo informe, para tomar una sola decisión”, manifestó Camones Soriano al respecto.
Mientras tanto, sobre las otras cinco denuncias constitucionales restantes: cuatro regresaron a la Subcomisión para que los investigados sean notificados sobre ellas, con el objetivo de que puedan brindar sus descargos; y otra permanece en la Comisión Permanente a la espera de un determinarse un plazo para la investigación.
Plazos
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, también indicó al citado medio que estas acusaciones recibirán la prioridad debida tras la semana de representación de los legisladores.
Precisó que, una vez llegados los congresistas, se iniciará con el procedimiento necesario para la calificación de estas denuncias constitucionales.
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La parlamentaria de Alianza para el Progreso también se pronunció sobre los posibles plazos para estas indagaciones. Al respecto, explicó que todo dependerá de la influencia de algunos elementos sobre estas acusaciones, por ejemplo, una posible extensión del plazo de investigación a solicitud de los denunciados.
“Los legisladores ponentes de la investigación también suelen pedir más plazo. Si no hay ningún contratiempo, el caso podría estar resuelto en dos meses y medio a tres meses, y si hay una ampliación (de plazo), se demoraría entre tres a cuatro meses”, informó.
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