El vacado congresista Wilmar Elera emitió un comunicado en sus redes sociales sobre la decisión que la Mesa Directiva del Parlamento tomó el último martes 17 de enero. El ahora exparlamentario que pertenecía a la bancada de Somos Perú calificó de “desatino legal” la decisión del Poder Legislativo por no considerarse el recurso de casación que interpuso en la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura.
Elera, quien hasta la actualidad se encuentra fugado tras dictarse una sentencia de seis meses de pena privativa de libertad en su contra por el delito de colusión agravada, acusó a José Williams, Martha Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante de no respetar el debido proceso.
El sentenciado señala que la refutación es porque, como la casación fue validada, se debe esperar la respuesta de la sala penal permanente de la Corte Suprema.
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En el documento agrega que el mencionado recurso fue presentado por su defensa el pasado viernes 13 de enero en la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura y fue admitido el presente 17. “En tal sentido, apelo al Estado de derecho que debe ser respetado inescrupulosamente, sobre todo, por el Poder Legislativo (...) (y) pido al presidente del Congreso revisar este acuerdo y dejarlo sin efecto (la vacancia)”, puntualizó.
La vacancia
Recientemente, la Mesa Directiva del Congreso de la República anunció la vacancia del prófugo congresista Wilmar Elera luego que la Justicia lo hallara culpable del delito de colusión agravada por la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca”, ejecutada en 2012, cuando se desempeñó como supervisor en este distrito de Piura.
El excongresista “no ejerce funciones parlamentarias desde el 17 de agosto de 2022 al haber solicitado licencia sin goce de haber y encontrarse en calidad de no habido para el sistema de justicia”, detalla el acuerdo.
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Esta situación “viene afectando el derecho de representación política, toda vez que el Congreso, en su calidad de representante de la voluntad popular, debe velar por mantener el número completo de 130 congresistas (...), ya que, de no ser así, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a ser debidamente representados”, continúa el oficia redactado por los miembros de la Mesa Directiva.
La decisión del Poder Legislativo está basada en el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que establece que un congresista es reemplazado por su accesitario —en este caso, José Pazo Nunura, exalcalde provincial de Sechura— si es que ha sido condenado vía sentencia firme a prisión efectiva por delito doloso y la detención supera los 120 días.
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