La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), que promueve los derechos humanos en la región, invocó al presidente de EE. UU., Joe Biden, a que rechace“con urgencia” el “uso desproporcionado y excesivo de la fuerza contra los manifestantes y las detenciones arbitrarias en Perú”.
“Además, EE. UU. debe condenar el uso de lenguaje estigmatizante contra los manifestantes, que crea el entorno propicio para que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza letal de forma indiscriminada”, matizó WOLA en un comunicado publicado en su web.
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blockquote class="twitter-tweet">🇵🇪 🇺🇸 Further failure to speak out against human rights violations perpetrated by Peruvian security forces risks the perception that the U.S. govt is unconcerned with the risks that these repressive tactics represent to Peruvian democracy
— WOLA (@WOLA_org) January 13, 2023
🔗Statement:https://t.co/Aay1crB90i pic.twitter.com/4O9Tko0VMt
Para WOLA, “ya sea que la administración Biden ya esté expresando en privado estas preocupaciones a Boluarte o no, ya es hora de que los funcionarios estadounidenses hablen públicamente”.
“Además, si no se denuncian las violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad peruanas, se corre el riesgo de que se perciba que al gobierno de EE. UU. no le preocupan los riesgos que estas tácticas represivas representan para la democracia peruana”, zanja la misiva.
Renuncias
Boluarte aceptó la renuncia del titular de Interior, Víctor Rojas, a quien sucedió el general de la Policía en retiro, Vicente Romero, en tanto que Nancy Tolentino llenó el lugar dejado por Grecia Rojas al frente de la cartera de la Mujer, informó la Presidencia.
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El papel del saliente titular de Interior estaba en entredicho debido al uso de la fuerza por parte de la policía en las protestas en curso para pedir la renuncia de Boluarte, que han dejado 42 muertos en más de un mes.
El país vive su décimo día consecutivo de manifestaciones después de la tregua de fin de año, y amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada, sin comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.
Las violentas protestas iniciadas hace cinco semanas dejan 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la Defensoría del Pueblo.
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