Tras mantener durante más de dos años en suspenso una decisión definitiva sobre Cobre Panamá, el Gobierno de José Raúl Mulino ha pisado el acelerador en el tema minero, con el inicio de negociaciones para evaluar su reapertura.
Los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmaron este martes que las negociaciones formales con First Quantum Minerals comenzarán el próximo lunes 23 de noviembre.
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La decisión marca un cambio en el ritmo con el que el Ejecutivo ha manejado el conflicto minero desde julio de 2024, cuando Mulino asumió la Presidencia sin adoptar una determinación sobre la eventual reactivación del yacimiento.
Durante 2025 tampoco se resolvió el futuro de la explotación, aunque el Gobierno autorizó la exportación del concentrado de cobre almacenado desde la paralización de las operaciones, una medida que no implicó la reapertura de la mina.
El escenario comenzó a cambiar en 2026 con la presentación de los resultados de la auditoría integral, realizada por SGS, la evaluación de sus hallazgos por una comisión interministerial y la formulación de recomendaciones sobre el futuro del proyecto minero.
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El 30 de septiembre, la comisión integrada por los ministros de Economía, Comercio y Ambiente entregó a Mulino un informe con 17 recomendaciones y seis criterios rectores, entre ellos evaluar un cierre ordenado y autofinanciado.
El mandatario anunció el 16 de noviembre su decisión de iniciar conversaciones con la empresa canadiense, bajo la premisa de que una eventual reactivación de las operaciones permita generar los recursos necesarios para financiar la clausura definitiva del yacimiento.
Durante su mensaje en cadena nacional, Mulino planteó dos escenarios: mantener la mina cerrada y enfrentar los arbitrajes internacionales y los costos ambientales, o negociar una reactivación condicionada a la obtención de mayores beneficios para Panamá.
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“Entre lo fácil y lo correcto, nuevamente elijo lo correcto”, expresó el mandatario, al defender su decisión de iniciar las negociaciones con la minera y evitar que los panameños deban asumir las consecuencias económicas del cierre.
Mulino estableció cinco principios irrenunciables para las conversaciones: la propiedad estatal de los minerales, el máximo beneficio económico para Panamá, el respeto a la soberanía nacional, la protección ambiental y el cumplimiento de la Constitución y las leyes.
El presidente también exigió que los empleos generados sean exclusivamente para panameños, que exista un registro público de los minerales extraídos y que la empresa financie un plan de cierre definitivo, sin posibilidad de prórroga.
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El anuncio presidencial tuvo una reacción favorable en los mercados financieros, donde las acciones de First Quantum Minerals subieron un 7,4% durante la mañana del martes, hasta alcanzar el equivalente a 22,42 dólares estadounidenses por título.
La recuperación se produjo después de que las acciones cerraran el lunes con una caída del 7,57% en la Bolsa de Toronto, antes del pronunciamiento de Mulino, cuando su valor equivalía a 20,85 dólares estadounidenses.
Sin embargo, la principal interrogante continúa siendo la figura jurídica que utilizará el Ejecutivo para permitir nuevamente la extracción de minerales, considerando que ha descartado otorgar una nueva concesión minera.
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La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, en noviembre de 2023, la Ley 406, que aprobaba el contrato entre el Estado y Minera Panamá, después de varias semanas de protestas contra el acuerdo.
Chapman sostuvo que la Constitución faculta al Estado para explotar sus propios recursos minerales, sin necesidad de establecer un contrato que deba ser aprobado mediante una ley por la Asamblea Nacional.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, reconoció que el Estado no tiene capacidad para administrar por sí solo una operación de semejante magnitud y señaló que la figura jurídica todavía está por definirse.
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Moltó aclaró que las conversaciones no constituyen una autorización para reabrir la mina y adelantó que el Gobierno estudiará una operación de duración limitada, sin posibilidad de prórroga y orientada al cierre definitivo del proyecto.
Entre las condiciones económicas, Chapman señaló que los ingresos anuales para el Estado deberán superar los 375 millones de dólares establecidos en el contrato anterior, al considerar que resultaban inferiores a los estándares internacionales del mercado.
Otro requisito será la terminación de los arbitrajes internacionales promovidos contra Panamá por First Quantum, cuyas reclamaciones superan los 27.000 millones de dólares, según Moltó, quien defendió la necesidad de proteger los intereses nacionales.
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Las negociaciones también estarán condicionadas al cumplimiento de exigencias ambientales, entre ellas la protección de los recursos hídricos, la reducción del área de impacto de las operaciones, la reforestación y el respeto al fallo de inconstitucionalidad.
Chapman estimó que una eventual reactivación permitiría generar cerca de 6.000 empleos directos y 40.000 indirectos, con una posible reducción de 2,5 puntos porcentuales en la tasa de desempleo nacional.
El titular de Economía aseguró que cualquier entendimiento deberá someterse a una consulta pública, conforme a los compromisos adquiridos por Panamá mediante el Acuerdo de Escazú, antes de adoptar una decisión definitiva.
Mientras avanzan las negociaciones, Cobre Panamá continúa procesando mineral previamente extraído, una actividad autorizada por el Gobierno en abril de 2026 que no contempla nuevas excavaciones, perforaciones ni voladuras dentro del yacimiento.
Durante el tercer trimestre, la compañía comercializó 13.463 toneladas de cobre y registró ingresos por 203 millones de dólares, mientras estima que el procesamiento del material acumulado podría extenderse hasta mediados de 2027.
Organizaciones ambientalistas han cuestionado la posibilidad de reanudar la explotación minera bajo el argumento de financiar su clausura, al considerar que esta alternativa podría convertirse en una reapertura encubierta del proyecto de Donoso.
First Quantum manifestó su disposición a negociar bajo las condiciones establecidas por Mulino, aunque permanece pendiente conocer qué instrumento jurídico permitiría la participación de la empresa privada en la explotación del mineral sin otorgarle una nueva concesión.
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