Un hombre de 29 años fue condenado a 24 años de prisión tras disparar 13 veces contra otro ciudadano de su misma edad en Santiago de Veraguas, en el interior de Panamá. Ocho proyectiles alcanzaron a la víctima, quien logró sobrevivir gracias al auxilio de moradores de la comunidad, que la trasladaron de urgencia a un hospital.
La Procuraduría General de la Nación informó el 6 de noviembre que el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial de Coclé y Veraguas impuso la condena por dos delitos. La sentencia establece 14 años por tentativa de homicidio y diez por posesión de arma de fuego, además de cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
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El ataque ocurrió el 25 de marzo de 2022, cuando el agresor viajó desde la ciudad de Panamá hasta el distrito de Santiago en un vehículo particular. Durante el trayecto ofreció sustancias ilícitas a la víctima y posteriormente la condujo hacia la vía que comunica con la comunidad de La Peana, donde se produjo el violento episodio.
Una vez en el lugar, ambos descendieron del automóvil y el hoy condenado efectuó 13 detonaciones con un arma de fuego. Ocho disparos impactaron al acompañante en diferentes partes del cuerpo, provocándole heridas que pusieron en peligro su vida. Los residentes cercanos acudieron en su ayuda y lo trasladaron al Hospital Luis “Chicho” Fábrega.
La Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Veraguas logró demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante pruebas testimoniales, periciales y documentales, además de evidencias materiales presentadas durante el proceso. El tribunal consideró suficientes los elementos sustentados por el Ministerio Público para imponer una pena que supera las dos décadas de encarcelamiento.
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La sentencia se conoce mientras las autoridades judiciales investigan otros ataques armados registrados recientemente en diferentes sectores de la capital panameña. Entre ellos figura un homicidio ocurrido en Pacora, donde una persona murió y un menor de edad consiguió escapar de los disparos efectuados por un presunto agresor.
Ese episodio ocurrió el 13 de septiembre de 2026, cuando un hombre presuntamente abrió fuego de manera premeditada contra las víctimas en el corregimiento de Pacora. El ataque provocó una muerte, mientras el menor logró huir antes de ser alcanzado. La Fiscalía Metropolitana formuló cargos por homicidio doloso agravado y tentativa de homicidio.
Durante la audiencia de garantías, el juez legalizó la aprehensión y ordenó la detención provisional del imputado, considerando los riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados. El procedimiento permitió mantener al sospechoso bajo custodia mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para sustentar la acusación, sin que exista todavía una sentencia condenatoria.
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Otro episodio de violencia ocurrió el 21 de octubre en Las Palmitas, corregimiento de Tocumen, donde dos menores de edad resultaron heridos después de que un agresor disparara contra ellos. Ambos necesitaron atención médica urgente y lograron sobrevivir a las lesiones provocadas por los proyectiles, según la información divulgada por la Procuraduría.
Por ese caso, las autoridades judiciales legalizaron la aprehensión de un hombre y una mujer y admitieron la imputación por presunta tentativa de homicidio doloso agravado y asociación ilícita. Con estas decisiones, tres personas permanecen imputadas y bajo detención provisional, mientras continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
Aunque los hechos ocurrieron en fechas y lugares diferentes, los tres expedientes involucran ataques con armas de fuego y víctimas expuestas a situaciones de extrema gravedad. El caso de Veraguas concluyó con una condena, mientras los procesos de Pacora y Tocumen siguen en etapas judiciales preliminares, por lo que sus imputados mantienen la presunción de inocencia.
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Las investigaciones se desarrollan en un país donde las armas de fuego continúan siendo el principal instrumento utilizado en los homicidios. Según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), hasta el 25 de octubre de 2026 se habían registrado 495 homicidios, de los cuales 486 fueron intencionales, frente a 480 durante el mismo período de 2025.
El informe oficial señala que 415 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, mientras 34 involucraron armas blancas y 37 otros métodos. La provincia de Panamá concentró 305 casos intencionales, seguida de Colón, con 82, y Panamá Oeste, con 42. La tasa nacional acumulada alcanzó 10,5 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes.
Las estadísticas muestran que los homicidios relacionados con pandillerismo aumentaron de 46 a 70 casos, un incremento del 52% frente al período comparable del año anterior. El SIEC también reportó un aumento de los femicidios, de 13 a 20, mientras los homicidios atribuidos a rencillas delincuenciales disminuyeron de 188 a 162.
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