Panamá reunió a delegaciones de 18 países de América Latina y el Caribe para discutir cómo modernizar la evaluación ambiental frente a la transición energética y el cambio climático.
El encuentro fue el XIII Diálogo Regional de Política sobre Licenciamiento y Cumplimiento Ambiental y Social, desarrollado en la capital panameña entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre.
PUBLICIDAD
Autoridades ambientales, especialistas y representantes de organismos internacionales debatieron los mecanismos con los que los países de la región evalúan, autorizan y supervisan proyectos con potencial de generar impactos ambientales y sociales.
El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, sostuvo que los proyectos de desarrollo del país se someterán a evaluaciones estrictas y objetivas, con altos estándares técnicos.
Navarro remarcó que la importancia estratégica de una obra no la exime del escrutinio ambiental. “La gestión ambiental no puede permanecer estática porque los territorios, los proyectos y los desafíos que enfrentamos evolucionan constantemente”, afirmó el funcionario.
PUBLICIDAD
Para el ministro, el intercambio regional representa una herramienta para sostener esos estándares.
Señaló que los países ya construyeron marcos regulatorios, instituciones especializadas y capacidades técnicas, pero planteó la necesidad de seguir perfeccionando los sistemas e incorporar nuevas herramientas y conocimientos.
El diálogo abordó la evaluación y el control de proyectos complejos y de alto riesgo ambiental: megaproyectos, iniciativas binacionales y regionales, y actividades vinculadas a la transición energética. La agenda también incluyó los impactos acumulativos, la protección de ecosistemas estratégicos y los efectos del cambio climático sobre la gestión ambiental en la región.
PUBLICIDAD
La cita incorporó las experiencias de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (RedLASEIA) y de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (RedLAFICA). Ambas redes agrupan instituciones y especialistas que intercambian metodologías sobre evaluación y cumplimiento ambiental en distintos países de la región.
La participación ciudadana ocupó un lugar propio en la agenda. Los asistentes analizaron los impactos sociales diferenciados y los mecanismos para incorporar distintas perspectivas en la toma de decisiones, mientras que, del lado de la fiscalización, se discutió cómo dar seguimiento a los compromisos asumidos por los proyectos durante su ejecución.
La incorporación de inteligencia artificial y herramientas digitales a los sistemas de evaluación ambiental fue otro de los ejes centrales del encuentro. El objetivo declarado es modernizar procesos, mejorar la trazabilidad, facilitar el acceso a la información y apoyar la toma de decisiones en los organismos responsables.
PUBLICIDAD
Serge-Henri Troch, jefe de la División de Soluciones Ambientales y Sociales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que los Diálogos de Política del organismo se consolidaron como un espacio clave para reflexionar, innovar y construir soluciones comunes.
“El licenciamiento y la fiscalización socioambiental están en el centro de la sostenibilidad y son fundamentales para asegurar que las inversiones generen beneficios para las personas y el medio ambiente”, expresó Troch.
El funcionario del BID añadió que uno de los grandes retos de la región pasa por modernizar las instituciones mediante el uso de tecnología y datos, fortalecer los estándares regulatorios y promover la participación y el involucramiento temprano en los temas sociales.
PUBLICIDAD
“Esto es clave y lo vemos también nosotros en el día a día en el BID”, amplió Troch, quien remarcó la necesidad de brindar respuestas oportunas y alinear expectativas entre los distintos actores involucrados.
El diálogo combinó conferencias, paneles, mesas de trabajo y actividades de campo. Participaron, además del BID, organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), junto a otras organizaciones vinculadas con la evaluación y el cumplimiento ambiental en la región.
La discusión regional sobre licenciamiento ambiental responde a un escenario donde los proyectos de infraestructura y energía crecen en escala y complejidad. Los sistemas de evaluación de impacto ambiental de América Latina y el Caribe buscan actualizar sus marcos regulatorios y sus capacidades técnicas para responder a megaproyectos, iniciativas binacionales y los efectos acumulativos del cambio climático sobre los ecosistemas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD