El Gobierno de Panamá declaró estado de emergencia para atender las consecuencias del terremoto que sacudió el país el viernes 9 de octubre.
La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete, mientras las autoridades elevaron a 419 el número de centros educativos afectados, reportaron 27 personas lesionadas y confirmaron daños en 21 instalaciones de salud y más de 426 viviendas.
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La declaratoria de estado de emergencia permitirá al Gobierno de Panamá disponer de $100 millones para atender las necesidades surgidas a raíz del terremoto. Estos recursos estarán destinados a financiar la asistencia a las familias damnificadas, responder a las afectaciones en las comunidades y ejecutar trabajos urgentes de reparación y recuperación de infraestructuras, especialmente en las provincias que registran mayores daños.
El anuncio se realizó este sábado durante una conferencia de prensa en la que participaron ministros y representantes de los organismos de emergencia.
La declaratoria fue adoptada por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, luego de recibir los informes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de las distintas instituciones que trabajan en las comunidades afectadas.
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El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la prioridad será atender a las familias damnificadas, garantizar la disponibilidad de recursos institucionales y coordinar las acciones necesarias para responder a los daños.
El mandatario instruyó a los ministros a mantenerse activos en las zonas afectadas y poner a disposición los recursos de sus respectivas instituciones para asistir a la población.
Durante la conferencia se anunció la creación de una comisión de alto nivel para coordinar la asistencia y la recuperación, integrada por el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; la viceministra Mirna Luque y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
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Este equipo también tendrá participación en la planificación de las reparaciones y la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por el terremoto.
Como parte de la respuesta, el Ejecutivo habilitó el Parque Omar, en el corregimiento de San Francisco de la ciudad de Panamá, como centro de acopio para recibir donaciones. Las gobernaciones provinciales también funcionarán como puntos de recepción de alimentos, agua, artículos de primera necesidad y otros insumos destinados a las comunidades que requieren asistencia humanitaria.
La subdirectora general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá es Malitzie Rivera, informó que hasta el momento no se registran víctimas fatales como consecuencia del terremoto. Sin embargo, las autoridades contabilizan 27 personas lesionadas, con heridas de leves a moderadas, quienes fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.
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El informe presentado por Sinaproc también establece que 21 instalaciones de salud resultaron afectadas, por lo que ingenieros y arquitectos especializados en estructuras realizan inspecciones para determinar sus condiciones.
Paralelamente, los equipos de emergencia han evaluado más de 426 viviendas con distintos niveles de daños, desde afectaciones leves hasta pérdidas totales de algunas residencias.
En materia educativa, el ministro de Educación, Ventura Vega, informó que 419 centros escolares presentan afectaciones relacionadas con el terremoto. El funcionario recordó que, inmediatamente después del movimiento sísmico, se ordenó la suspensión de clases y de las actividades administrativas del sistema educativo público como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y personal.
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Vega adelantó que este domingo 11 de octubre se anunciará si las clases se reanudarán normalmente el lunes 12 de octubre en todo el territorio nacional. La decisión dependerá de las evaluaciones de seguridad y del estado de las instalaciones escolares, especialmente en las provincias donde se han identificado daños estructurales.
Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran Herrera, Los Santos y Veraguas, provincias donde se concentra una parte importante de las viviendas dañadas. Las autoridades también reportaron situaciones que requieren atención en comunidades insulares y áreas de difícil acceso, donde el traslado de ayuda humanitaria representa un desafío adicional.
Una de las situaciones más delicadas se produjo en isla de Cañas, donde 300 personas tuvieron que ser evacuadas debido al incremento del nivel del agua asociado al evento sísmico.
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Según Sinaproc, los residentes se encuentran resguardados y reciben asistencia, mientras continúan las gestiones para garantizar el suministro de medicamentos, alimentos y otros artículos esenciales.
Rivera indicó que también se han registrado afectaciones en Panamá, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá, principalmente en centros educativos y algunas viviendas.
Por esta razón, las operaciones de respuesta no se limitan a la península de Azuero, sino que abarcan distintas regiones del territorio nacional.
Las labores de seguridad cuentan además con el apoyo de 419 integrantes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), desplegados en operaciones relacionadas con la emergencia en Penonomé, la ciudad de Panamá, Tonosí y Las Tablas. Su participación forma parte del dispositivo de seguridad y apoyo institucional activado tras el terremoto y las constantes réplicas.
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Sinaproc señaló que desde las primeras horas posteriores al terremoto comenzaron los operativos de asistencia humanitaria, con el traslado de agua, alimentos y enseres de primera necesidad. Estas tareas se desarrollan en coordinación con los estamentos de seguridad y emergencia, que también participan en la evaluación de estructuras y la atención de las comunidades.
La respuesta incluye acompañamiento psicológico para las personas afectadas, mediante profesionales que trabajan con las familias que han experimentado situaciones de temor, pérdidas materiales y desplazamientos temporales. Asimismo, se habilitó un mecanismo de atención para personas con discapacidad auditiva, con intérpretes de lengua de señas que facilitan la comunicación de emergencias a las instituciones correspondientes.
El secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la comisión gubernamental trabajará en dos frentes simultáneos: la coordinación de las donaciones y ayudas que se reciban de la ciudadanía, y la preparación de las intervenciones necesarias para recuperar las infraestructuras afectadas.
La emergencia se produce después del fuerte movimiento sísmico registrado a las 12:56 p. m. del viernes 9 de octubre, con epicentro en la península de Azuero. Las numerosas réplicas posteriores han mantenido en alerta a las comunidades, mientras las autoridades continúan actualizando el balance de daños y evaluando las condiciones de seguridad de las instalaciones públicas y privadas.
El Gobierno aseguró que mantendrá informada a la población sobre las acciones de respuesta, los resultados de las inspecciones y las medidas que se adopten durante los próximos días. La prioridad inmediata sigue siendo la atención de las personas afectadas, mientras se determina el alcance de los daños y los recursos necesarios para la recuperación.
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