En Panamá, 295 docentes separados de sus cargos, entre ellos hay 163 mujeres, sostienen que no cobran salario ni tienen estabilidad laboral desde el 14 de julio de 2025.
Los educadores fueron separados de sus cargos durante una huelga contra la reforma de la Caja de Seguro Social en 2025.
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Hoy día, reclaman una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y esperan la resolución de una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
Señalan que agotadas las cartas y una vigilia que realizaron, ahora trasladan la presión a la Asamblea Nacional y al ministro de Educación, Ventura Vega Osorio.
Sostienen que la demanda central es simple: que se fije una fecha para la reunión que reclaman desde hace meses.
Los docentes levantaron una protesta que mantenían desde hacía ocho días en la sede de la Defensoría del Pueblo.
La decisión llegó después de que la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional se comprometiera a gestionar una mesa de diálogo con el titular del Meduca.
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La diputada Paulette Thomas expresó la disposición de los integrantes de la comisión a escuchar a las partes y buscar alternativas de solución.
“Se tratará de llegar a un acuerdo”, dijo.
La espera, sin embargo, ya pasó factura. El 1 de octubre, la docente Ivin Henríquez, una de las educadoras separadas, se encadenó en la Defensoría del Pueblo para exigir respuestas.
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Según explicó, durante el último mes y medio enviaron tres cartas al Meduca para pedir una reunión, sin recibir todavía una fecha para sentarse con el ministro.
A la demanda salarial se suma otro pendiente: la resolución de la Defensoría del Pueblo sobre una investigación por presunta vulneración de derechos humanos, iniciada en noviembre de 2025. Henríquez afirmó que el documento debía entregarse el 29 de agosto.
Esa fecha no se cumplió. Posteriormente les informaron que estaría lista el 14 de septiembre, un segundo plazo que tampoco se respetó. Incluso después de los ocho días de vigilia, aseguró la docente, el informe seguía sin llegar a sus manos.
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Con el año lectivo cerca de terminar, los educadores, entre ellos el dirigente magisterial Diógenes Sánchez, desconocen qué ocurrirá con sus puestos y con los salarios que dejaron de percibir durante este periodo.
Ahora esperan que los diputados cumplan su compromiso y actúen como puente para concretar el encuentro con Vega.
El ministro había manifestado el 30 de agosto su disposición a dialogar con los docentes separados. Al asumir el cargo, se había definido como “hombre de diálogo y respetuoso de la ley”.
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El origen del conflicto se remonta al 23 de abril de 2025, cuando el Magisterio Panameño Unido convocó una huelga nacional indefinida contra la Ley 462, la reforma del sistema de seguridad social que el sindicato considera perjudicial para las pensiones y los derechos laborales.
El movimiento sumó apoyo de trabajadores de la construcción, estudiantes y comunidades indígenas, y las manifestaciones se extendieron por todo el país.
Desde el 28 de abril de 2025, las autoridades respondieron con medidas de fuerza.
A finales de mayo, entre el 20 y el 27, las detenciones y los enfrentamientos se habían generalizado en lo que la queja ante la OIT describe como un contexto de persecución y judicialización.
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La huelga finalizó el 14 de julio de 2025 con un acuerdo entre el Magisterio Panameño Unido y el Meduca, regentado en ese momento por la hoy exministra, Lucy Molinar, que permitió retomar las clases.
El pacto incluía compromisos sobre el respeto a los procedimientos legales, la ausencia de represalias y la continuidad del diálogo, pero no abordó la derogación ni la reforma de la Ley 462.
Según el Magisterio Panameño Unido, gran cantidad de docentes no cobró remuneración durante el periodo de huelga y los procedimientos disciplinarios y judiciales a menudo continuaron pese al acuerdo.
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El Gobierno no reabrió las conversaciones sobre las reformas estructurales y muchos educadores regresaron al trabajo por presión económica.
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