La Policía Nacional y el Ministerio Público incautaron 11,886 artículos médicos de marcas presuntamente falsificadas durante un allanamiento en una bodega del corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá.
La diligencia, denominada Operación Estampa, permitió localizar vendas, gasas y otros materiales almacenados para su distribución y comercialización, según informaron las autoridades.
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Los productos fueron encontrados en exhibición y dentro de varias cajas, como parte de una investigación por posibles delitos contra la propiedad intelectual relacionados con derechos marcarios. Los artículos serán sometidos a peritajes para determinar su autenticidad, por lo que la incautación todavía no constituye una confirmación definitiva de falsificación.
El hallazgo introduce una preocupación adicional frente a la falsificación de ropa o accesorios: los materiales utilizados en la atención de pacientes requieren condiciones de calidad y seguridad.
En el caso de vendas y gasas, su procedencia y características deben verificarse para determinar si cumplen las especificaciones correspondientes. Las autoridades no han informado que estos artículos hayan causado daños a pacientes.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que los productos médicos falsificados representan un problema de salud pública internacional, especialmente cuando ingresan a cadenas de suministro sin controles adecuados.
El organismo distingue entre mercancías deliberadamente falsificadas y productos de calidad subestándar, una diferencia importante porque la imitación de una marca no demuestra, por sí sola, un defecto sanitario.
Según las estimaciones de la OMS, al menos uno de cada diez medicamentos en países de ingresos bajos y medianos es de calidad subestándar o está falsificado. La organización calcula que estos mercados destinan alrededor de $30,500 millones anuales a productos de esas características.
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La falsificación y distribución irregular de productos sanitarios también tiene antecedentes en Panamá. Durante la operación internacional Pangea XV, desarrollada en 2022, las autoridades panameñas incautaron 275,075 unidades de medicamentos sin registro sanitario, valoradas en $222,195.
Entre los productos detectados figuraban sildenafil, ampicilina y amoxicilina, tras 50 acciones de verificación en establecimientos, contenedores y plataformas digitales.
Más recientemente, el Ministerio de Salud informó que durante 2025 decomisó 25,000 kilogramos de productos falsificados. La institución reforzó en septiembre de 2026 su campaña de prevención, advirtiendo que los medicamentos adulterados pueden contener componentes incorrectos o peligrosos.
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El teniente Mario Rumbo informó que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha desarrollado 18 operaciones vinculadas con delitos contra la propiedad intelectual durante 2026. Entre las mercancías decomisadas figuran cigarrillos de contrabando, artículos de marcas imitadas, insumos médicos y repuestos automotrices. El valor conjunto de las incautaciones supera el millón de dólares, según el balance policial.
En enero de 2026, una mujer extranjera fue condenada a 60 meses de prisión por un delito contra la propiedad intelectual, después de un allanamiento en Betania. Durante la diligencia se decomisaron unas 9,000 piezas de mercancía falsificada, valoradas en aproximadamente $95,000, además de dinero en efectivo y equipos informáticos.
El Ministerio Público también informó que en mayo de 2026 fueron destruidos más de 4,000 bultos de calzado deportivo falsificado en Panamá y Colón. Los artículos procedían de decomisos realizados en noviembre y diciembre de 2025, mientras la destrucción fue autorizada judicialmente para impedir su comercialización.
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Los antecedentes incluyen un decomiso de mercancía falsificada valorada en aproximadamente $5 millones en la Zona Libre de Colón durante mayo de 2025. En aquella operación fueron intervenidos una tienda y una bodega, donde se localizaron zapatillas, chancletas y miles de bultos. El caso evidenció la dimensión comercial de estas actividades.
En Panamá, la falsificación y comercialización de productos con marcas protegidas puede castigarse con prisión de cuatro a seis años, conforme a las disposiciones del Código Penal sobre propiedad industrial.
La aplicación de la sanción depende de la conducta acreditada y las circunstancias del caso. Las investigaciones sobre insumos médicos también requieren establecer su autenticidad y condiciones sanitarias, antes de determinar posibles responsabilidades.
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El nuevo decomiso en Juan Díaz se suma así a una serie de investigaciones sobre mercancías que utilizan marcas presuntamente imitadas, con productos que abarcan desde calzado hasta materiales de uso clínico. La identificación de su origen, proveedores y canales de distribución será fundamental para establecer el alcance de la operación y determinar si existen otras personas involucradas.
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