La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá advirtió que un cierre del sitio minero de Donoso sin acuerdo previo podría costarle al Estado entre $2.600 y $3.400 millones a lo largo de 17 a 19 años.
El gremio empresarial difundió el cálculo tras conocer el informe final de la Comisión Interministerial que analizó el futuro del yacimiento.
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A esa cifra se suman reclamaciones arbitrales por al menos $27.000 millones contra el país, todavía no reconocidas ni adjudicadas.
Remarcó que esos montos no determinan el camino a seguir, pero sí anticipan sus consecuencias para las finanzas públicas.
El documento llegó a manos del presidente de la República el 30 de septiembre, después de casi tres años de incertidumbre sobre el destino del sitio minero.
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La recomendación central propone evaluar un acuerdo que resuelva los arbitrajes pendientes y habilite una puesta en marcha orientada a un cierre ordenado.
Ese cierre debería ser autofinanciado, sin prórroga y conforme al fallo de la Corte Suprema de Justicia, según detalla el informe.
La propuesta no implica un regreso al esquema operativo anterior, pero tampoco ignora las implicaciones ambientales, económicas, sociales y jurídicas de dejar el sitio indefinidamente en su estado actual.
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El gremio solicitó información independiente, transparencia total y una decisión que protegiera los intereses del país sin trasladar los costos del cierre a la población panameña.
Esa postura se mantuvo desde que la Corte Suprema de Justicia emitió su sentencia sobre el caso.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá calificó la recomendación de la comisión como una ruta balanceada.
El organismo explicó que, si los costos del cierre terminan recayendo sobre el Estado, se comprometen recursos que también deberían destinarse a educación, salud e infraestructura.
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Identificó beneficios concretos en la alternativa planteada: evitar que el cierre afecte las finanzas públicas, atender los arbitrajes en curso y ordenar la transición del sitio. Pero también señaló riesgos que exigen atención inmediata.
Entre esos riesgos, la Cámara mencionó la necesidad de una base jurídica sólida, una fecha definitiva de cierre, recursos protegidos para esa etapa y una fiscalización rigurosa e independiente.
Por esas razones, consideró razonable avanzar en la evaluación y eventual negociación de la alternativa antes de que el país tome una decisión definitiva.
El propio informe deja varios puntos sin resolver. Entre ellos figuran la figura jurídica que adoptaría el acuerdo y su compatibilidad con el fallo judicial y con la Ley 407, además del régimen fiscal y el nivel de participación del Estado en una eventual operación.
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También restan definir el alcance de cualquier operación futura, la fecha y las garantías del cierre, y los términos de la terminación de los arbitrajes. La fiscalización ambiental, la transparencia y la rendición de cuentas completan la lista de asuntos pendientes.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá exigió además que se garanticen oportunidades concretas para las comunidades directamente impactadas por la actividad minera, los trabajadores y las empresas panameñas.
Pidió fortalecer, en paralelo, las capacidades de los municipios de la zona.
Para la institución, la transparencia no puede tratarse como un requisito aislado. Debe sostenerse desde el mandato de una eventual negociación hasta la publicación de sus términos, la fiscalización posterior y el cumplimiento de cada etapa del proceso.
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Los empresarios reafirmaron sus principios ante la decisión que se avecina: respeto al fallo y al ordenamiento jurídico, protección ambiental rigurosa y verificable, un cierre sin costo para el Estado ni para los panameños, metas claras y prioridad para las comunidades, trabajadores y empresas panameñas directamente afectadas.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cerró su posición con un llamado a la fiscalización ciudadana del proceso, sin renunciar al disenso ni al cuestionamiento.
El gremio sostuvo que la decisión final sobre Donoso debe ser jurídicamente sólida, ambientalmente responsable y económicamente sostenible, con capacidad de generar confianza y proteger los intereses del país.
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