Un hombre de 19 años fue condenado a 34 años de prisión por participar en un esquema que utilizaba falsas ofertas de empleo para captar mujeres a través de internet.
Las víctimas acudían creyendo que accederían a oportunidades laborales, pero eran trasladadas a otros lugares, donde eran sometidas a violencia sexual y posteriormente despojadas de sus pertenencias.
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El mecanismo comenzaba con ofertas de trabajo difundidas mediante redes sociales, principalmente para desempeñarse como saloneras, bailarinas o masajistas.
Una vez establecido el contacto, las mujeres eran citadas en determinados puntos públicos y desde allí eran conducidas hacia zonas consideradas rojas, según explicó la Fiscalía Superior del Distrito de San Miguelito.
La promesa de empleo era utilizada para conseguir que las víctimas acudieran voluntariamente al primer encuentro. Después de recogerlas, los responsables las trasladaban a otros sectores y las sometían a agresiones sexuales y robos, una secuencia que permitió a los investigadores establecer un patrón entre las denuncias vinculadas al grupo.
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La investigación mantiene aproximadamente nueve carpetas abiertas relacionadas con este esquema, de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público. La mayoría de las víctimas eran mujeres de 18, 19 y 20 años, aunque entre los casos investigados también se encuentra el de una menor de edad.
La condena de 34 años representa uno de los resultados judiciales de la investigación, pero el proceso contra los integrantes del grupo no ha concluido.
Algunos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena por 19 años de prisión, mientras otros permanecen a la espera de las audiencias en las que deberá determinarse su responsabilidad.
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El expediente había tomado notoriedad pública después de allanamientos realizados en San Miguelito como parte de la operación SCAM, que permitió avanzar en las investigaciones sobre la utilización de supuestas oportunidades laborales para captar víctimas.
Uno de los episodios investigados involucró una falsa propuesta de trabajo como modelo difundida mediante redes sociales.
En ese caso, ocurrido el 31 de julio de 2026, una mujer fue convocada a una estación del Metro después de responder a la supuesta oportunidad laboral. Posteriormente abordó un vehículo y fue trasladada a una casa de ocasión, donde las investigaciones establecieron que fue privada de libertad y víctima de violencia sexual.
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Durante ese episodio, la víctima también recibió amenazas y fue fotografiada y grabada en situaciones íntimas, según la investigación. Ese material habría sido utilizado para extorsionarla, mientras las diligencias permitieron profundizar en el método empleado para contactar y someter a las mujeres mediante ofertas difundidas en plataformas digitales.
La investigación reveló así un esquema que comenzaba con la búsqueda de mujeres interesadas en conseguir empleo y continuaba con encuentros previamente acordados.
La apariencia de una contratación permitía generar confianza antes de trasladarlas a otros sitios, donde se producían las agresiones sexuales, los robos y, en algunos casos, otras conductas investigadas por las autoridades.
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El caso se conoce en momentos en que Panamá registra un aumento de las denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público contabilizó 4,599 denuncias, frente a 4,072 durante el mismo periodo del año anterior, un incremento de 527 casos, equivalente al 13%.
Dentro del total registrado durante esos ocho meses, 1,733 denuncias correspondieron al acceso sexual con personas de entre 14 y 17 años. Otras 1,522 fueron presentadas por violación y 771 por actos libidinosos, mientras los registros por pornografía infantil aumentaron de 43 a 64 casos frente al mismo periodo de 2025.
La corrupción de menores también mostró un incremento, al pasar de 206 denuncias entre enero y agosto de 2025 a 253 durante igual periodo de 2026. Por ubicación geográfica, Panamá registró 919 denuncias, mientras Chiriquí acumuló 724 y Panamá Oeste contabilizó 620, de acuerdo con las estadísticas preliminares del Ministerio Público.
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La sentencia de 34 años contra el hombre de 19 años marca un nuevo avance judicial dentro de la investigación sobre la captación de mujeres mediante ofertas laborales falsas. Mientras algunos integrantes ya cumplen condenas derivadas de acuerdos de pena, otros procesos continúan pendientes y cerca de nueve carpetas permanecen abiertas por hechos relacionados con el mismo esquema.
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