Secretario de Energía advierte que las reglas actuales alejarán interesados en la distribución eléctrica en Panamá

El secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, advirtió que las reglas vigentes reducen el interés de nuevos competidores en las concesiones de distribución eléctrica porque permiten que el operador actual conserve el control si iguala la mayor oferta. Esa condición es uno de los principales aspectos que el Gobierno busca modificar antes de octubre de 2028.

En esa fecha vencen las concesiones de Elektra Noreste (ENSA), EDEMET y EDECHI, empresas responsables de distribuir electricidad en distintas zonas del país. Antes de concluir los contratos, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos deberá convocar un proceso competitivo para vender el paquete mayoritario, correspondiente al menos al 51% de sus acciones.

Rodríguez recordó que, cuando este procedimiento fue realizado entre 2012 y 2013, otras compañías no mostraron interés en participar porque conocían la ventaja que mantenían los concesionarios existentes. Bajo el modelo vigente, explicó, el titular puede conservar las acciones si presenta una oferta igual o superior a la mejor propuesta recibida durante el acto competitivo de concurrencia.

El proyecto de ley 705, presentado por el Ejecutivo, incorpora una precalificación obligatoria para todos los interesados, incluidos los operadores actuales. Los aspirantes deberán acreditar experiencia y capacidad técnica, financiera y operativa, además de demostrar su cumplimiento en otras concesiones. Solamente quienes superen esa evaluación podrán presentar ofertas por los nuevos contratos de quince años.

La propuesta también introduce un mecanismo para contener valoraciones excesivas. Si el concesionario actual coloca un precio elevado para conservar sus acciones, deberá pagar al Tesoro Nacional el diferencial establecido frente al valor justo de mercado o respecto de la segunda mejor oferta, según las condiciones contempladas en el procedimiento presentado por el Gobierno.

Rodríguez explicó que esa obligación funcionaría como un control económico para evitar que el titular coloque una valoración artificialmente elevada y desaliente a otros interesados. Si una empresa distinta presenta la mejor oferta, recibirá el paquete mayoritario; mientras que el Estado mantendrá su participación accionaria dentro de las compañías encargadas de la distribución.

La iniciativa también amplía las causas para terminar anticipadamente una concesión. Entre ellas aparecen el incumplimiento reiterado de los indicadores de calidad, la falta de ejecución de inversiones y el abandono de los proyectos de electrificación rural. También aplicaría cuando las reducciones tarifarias, multas y penalizaciones acumuladas superen el 25% de los ingresos anuales del distribuidor.

Otro cambio relevante está relacionado con la concentración de la generación. Actualmente, la ley impide solicitar nuevas concesiones cuando una empresa atiende más del 25% del consumo nacional, pero la limitación se aplica principalmente a proyectos hidroeléctricos. El Gobierno propone elevar el porcentaje al 30% e incluir también las licencias solares, eólicas y térmicas.

El secretario de Energía sostuvo que la ampliación permitiría controlar la concentración en tecnologías que no estaban desarrolladas cuando la Ley 6 fue aprobada en 1997. Según explicó, niveles elevados de participación en manos de un mismo grupo pueden afectar el funcionamiento futuro del mercado, por lo que se necesitan reglas aplicables a todas las modalidades de generación.

La propuesta recibió observaciones de AES Panamá. Edgar Ivankovic, director de Asuntos Corporativos de la empresa, solicitó que el límite sea calculado sobre la capacidad instalada de cada grupo económico y no sobre el porcentaje del consumo que abastece, debido a que este último indicador puede cambiar constantemente según las condiciones del despacho eléctrico.

Ivankovic señaló que las plantas con precios más bajos ingresan primero al sistema y, por esa razón, una empresa competitiva puede terminar atendiendo más del 30% de la demanda nacional sin controlar una proporción equivalente de la capacidad instalada. A su juicio, la redacción propuesta limitaría la competencia y podría generar presiones posteriores sobre las tarifas.

El representante de AES afirmó que, conforme a los cálculos de la compañía, la disposición podría impedirle participar en nuevas licitaciones del mercado panameño hasta 2054. También recordó que unas 70 empresas participaron en la última convocatoria, celebrada en abril, lo que utilizaron como argumento para sostener que actualmente existe competencia entre los generadores.

Además de las concesiones y la concentración, el proyecto gubernamental modifica la metodología empleada para reconocer la rentabilidad de las distribuidoras. Rodríguez explicó que las condiciones económicas del país han cambiado desde 1997 y que la fórmula debe reflejar la actual calificación financiera de Panamá, con el propósito de evitar tasas superiores a las justificadas.

La propuesta obliga igualmente a las distribuidoras a ejecutar proyectos en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas. El secretario indicó que más de 58.000 familias permanecen sin electricidad y explicó que la Oficina de Electrificación Rural mantendría la planificación, mientras las empresas asumirían la responsabilidad de ampliar la cobertura.

En materia de calidad, las distribuidoras tendrían que aplicar en las facturas los créditos derivados de incumplimientos confirmados por la ASEP. Aunque las empresas podrían recurrir posteriormente las decisiones, el cliente recibiría primero la compensación correspondiente. El Ejecutivo también propone multas de hasta $20 millones y nuevas causales para la intervención de prestadores deficientes.

El primer debate comenzó este martes en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Durante la sesión fue leído completamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y se escucharon las primeras intervenciones. Posteriormente, la comisión decretó un receso hasta el próximo martes para continuar la discusión y recibir aportes.

Por insistencia de la bancada independiente Vamos, la comisión también prohijó el anteproyecto 181, presentado por la diputada Yamirelis Chong. Esta iniciativa comparte objetivos relacionados con la calidad, las inversiones y el proceso de 2028, pero incorpora reformas adicionales para modificar otros componentes de la organización del mercado eléctrico.

El texto prohijado plantea planes vinculantes de modernización y mantenimiento, publicación periódica de indicadores de interrupciones, auditorías externas a la regulación y compensaciones automáticas por incumplimientos comprobados. También impediría participar en el siguiente proceso competitivo a concesionarios sancionados reiteradamente por faltas graves relacionadas con calidad, continuidad o inversiones obligatorias.

La propuesta de Vamos incorpora además comercializadores independientes y permitiría a ciertos clientes escoger su proveedor. La apertura comenzaría con usuarios de al menos 100 kilovatios, bajaría posteriormente a 50 kilovatios y podría extenderse a consumidores residenciales cuando existan condiciones técnicas y suficiente competencia, además de protección para la estabilidad del sistema.

También reconoce la generación distribuida, la medición neta y la posibilidad de que los usuarios produzcan electricidad mediante fuentes renovables. El documento propone una plataforma neutral para cambiar de comercializador en un máximo de 48 horas y exige separar los costos de las redes de aquellos relacionados con la venta de energía.

Antes de cerrar la sesión, varios diputados pidieron ampliar los diez minutos concedidos a cada participante durante las consultas. Argumentaron que la reforma contiene aspectos altamente técnicos que requieren explicaciones más extensas y respuestas de las autoridades. La comisión deberá decidir cómo organizar esas intervenciones cuando reanude el primer debate el próximo martes.