El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, una iniciativa que plantea modificaciones a la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, creadora del Régimen de Asociación Público-Privada (APP).
La propuesta apunta a ampliar el desarrollo de obras mediante la participación privada, con el propósito de atraer inversiones, promover proyectos de impacto social y generar puestos de trabajo.
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El documento que acompaña la iniciativa sostiene que Panamá cuenta desde 2019 con un marco regulatorio propio para impulsar obras y servicios bajo esa modalidad, utilizada en distintos países.
Tras más de seis años de vigencia, la evaluación oficial considera que el régimen tuvo resultados positivos, aunque requiere ajustes para mejorar su funcionamiento.
El análisis identificó etapas que se extienden más de lo necesario y procedimientos que podrían simplificarse sin afectar los mecanismos de supervisión y las garantías previstas por la normativa.
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La reforma no propone reemplazar el sistema aprobado en 2019. La intención es adecuarlo a la experiencia obtenida en el país y a prácticas internacionales que permitan corregir aspectos de su aplicación.
Uno de los objetivos consiste en acelerar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad. El proyecto también plantea fortalecer las funciones de las entidades que intervienen en el diseño, la estructuración y la licitación de las iniciativas.
La iniciativa busca una participación más activa del sector privado y un marco que incentive la competencia entre los interesados en desarrollar los proyectos.
El planteamiento oficial sostiene que una regulación más eficiente puede movilizar recursos privados y reducir el costo total de las obras tanto para el Estado como para los usuarios.
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A la vez, el proyecto propone reforzar los estándares técnicos, la disciplina fiscal, la transparencia y los controles aplicables a cada asociación público-privada.
La meta es que cada iniciativa responda a una necesidad comprobable y que los recursos públicos comprometidos ofrezcan resultados proporcionales a su costo.
Según la exposición de motivos, los cambios permitirían estructurar y ejecutar una mayor cantidad de proyectos en plazos más cortos y con esquemas de financiamiento más eficientes.
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El impacto esperado incluye obras y servicios disponibles con mayor rapidez, menores costos y empleos vinculados tanto con la construcción y operación de los proyectos como con las actividades económicas que se desarrollen a su alrededor.
En la reunión del Consejo de Gabinete participaron representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y la Cámara Panameña de la Construcción.
El Consejo de Gabinete también autorizó a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a formalizar una contratación excepcional para sostener y mejorar la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panamá.
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La medida corresponde al proyecto de Resolución de Gabinete 109-26 y contempla un acuerdo con Inversiones Tecnológicas de América, S.A. para brindar servicios de mesa de ayuda, optimización de bases de datos y mejoras en el sistema.
La contratación también incluye capacitación, soporte técnico y mantenimiento de los equipos instalados en las salas de audiencia del SPA.
El contrato abarca el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, por un total de $3.904.740,30, con el impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios incluido.
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La resolución señala que la AIG había contratado prestaciones similares durante 2024. Pese a que aquel acuerdo finalizó al cierre de ese año, los servicios continuaron durante 2025 para preservar la operatividad de la plataforma judicial.
La autorización busca regularizar esa prestación tecnológica y asegurar el funcionamiento de las herramientas que utilizan las salas de audiencia del Sistema Penal Acusatorio. El acuerdo prevé asistencia a los usuarios, tareas sobre las bases de datos y ajustes en la plataforma, además del mantenimiento de los equipos vinculados con el servicio.
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