Solo dos proponentes presentaron ofertas para construir el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, una obra que el Gobierno de Panamá mantiene en marcha pese al rechazo de residentes y autoridades locales de Santa María, en Herrera.
El proyecto tiene un precio de referencia de $177.2 millones y será desarrollado en el corregimiento de Los Canelos.
La oferta más baja fue presentada por Constructora Rigservices, S.A., por $181,188,813, mientras que el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos propuso $181,629,000.
Las dos propuestas fueron aceptadas durante el acto de apertura y pasaron a la etapa de revisión documental, técnica y financiera.
Entre ambas ofertas existe una diferencia de apenas $440,187, equivalente a alrededor de 0.24%. La propuesta de Rigservices supera el precio de referencia en cerca de $3.99 millones y la del consorcio en aproximadamente $4.43 millones, pero ninguna rebasa el límite de $186.06 millones establecido para considerar una oferta onerosa.
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El Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos está integrado por Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V. y Latinoamericana de Infraestructura, S.A.
La primera ya figuraba entre las empresas que habían participado en las etapas previas de la licitación y había mostrado interés antes de la presentación formal de las propuestas.
De numerosas interesadas a solo dos propuestas
La competencia final contrasta con el interés registrado durante la preparación del acto. Dieciocho empresas nacionales e internacionales participaron en la reunión previa, entre ellas Sucursal de Obras Huarte Lain Panamá, Contracta-UK, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, CTL Ingeniería, Global Delfos International y Constructora de León.
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También habían mostrado interés Asocsa, LAC Consulting, Tutum Tech, Eduadvance, Negocios Triple RRR, Impex Comercial y Centroequipos, además de Padeco Seguros y Assa Compañía de Seguros.
Sin embargo, cuando venció el plazo el 13 de agosto, la competencia efectiva quedó reducida a dos proponentes, cuyas ofertas fueron presentadas electrónicamente en Panamá Compra.
Antes de la entrega de propuestas, el Ministerio de Gobierno volvió a modificar requisitos financieros, técnicos y de experiencia mediante una segunda adenda.
Uno de los ajustes más relevantes estuvo relacionado con el capital de trabajo que debían acreditar las empresas interesadas, una condición que fue flexibilizada respecto de la versión anterior.
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Con la primera adenda, los participantes debían demostrar que la suma del capital de trabajo de 2024 y 2025 alcanzara al menos 50% del precio de referencia, equivalente a unos $88.6 millones. En la versión definitiva, el cálculo quedó limitado al estado financiero de 2025 y el monto mínimo exigido se redujo a $50 millones.
También se modificó la forma de acreditar experiencia obtenida mediante consorcios anteriores. La versión previa exigía que la empresa hubiera mantenido una participación superior al 50% para utilizar un proyecto como experiencia, mientras que el último pliego permitió hacerlo con una participación igual o superior al 50%. La experiencia obtenida como subcontratista quedó excluida.
Los oferentes debían presentar además cinco certificaciones de experiencia empresarial: dos correspondientes a proyectos de alta complejidad por montos iguales o superiores a $100 millones y otras tres relacionadas con infraestructuras de seguridad.
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Entre ellas podían incluirse centros penitenciarios, estaciones policiales, centros de detención, instalaciones militares o edificios gubernamentales de acceso restringido.
Otro cambio alcanzó al personal técnico presentado por los participantes. En la versión anterior, arquitectos, diseñadores estructurales, gerentes de proyectos y residentes debían acreditar experiencia dentro de los últimos 10 años.
El documento definitivo amplió ese periodo a 15 años contados desde la obtención de la idoneidad, permitiendo considerar una trayectoria profesional más extensa.
La segunda adenda también precisó cómo debía sustentarse esa experiencia profesional. Se permitió utilizar planos y notas notarizadas emitidas por empresas o empleadores, en las que debía constar el cargo desempeñado, el periodo de participación y el proyecto correspondiente, documentación que formó parte de los requisitos evaluables en las propuestas.
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En las referencias comerciales, los participantes debían acreditar líneas de crédito de proveedores equivalentes al menos al 5% del precio de referencia. Aunque ya era posible presentar hasta tres cartas, el último documento precisó que, en caso de consorcios, cualquiera de sus integrantes podía aportar esas referencias para cumplir el requisito.
Una cárcel para 3.000 privados de libertad
El proyecto tendrá un plazo de ejecución estimado de 36 meses desde la orden de proceder. Ese periodo incluye estudios preliminares, anteproyecto, planos, evaluación ambiental, preparación del terreno, movimiento de tierra, construcción, suministro de equipos, puesta en marcha y capacitación del personal que operará las instalaciones.
El complejo tendrá capacidad referencial para hasta 3.000 privados de libertad y contará con áreas de mínima, media y alta seguridad, además de instalaciones administrativas, educativas, médicas, industriales y de custodia.
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El diseño incorpora tres anillos de seguridad, videovigilancia, controles biométricos y sistemas de inspección, entre otros componentes.
La licitación avanza mientras residentes y autoridades locales mantienen su rechazo a la construcción del complejo en Los Canelos.
La comunidad ha planteado que una inversión de esa magnitud debería priorizar agua potable, carreteras, escuelas, alcantarillados, instalaciones deportivas y proyectos productivos, además de advertir sobre el impacto que una cárcel de esta escala podría tener sobre la identidad agrícola y comercial de Santa María.
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Pese a esas objeciones, el Gobierno ha continuado con el proceso para desarrollar el nuevo complejo penitenciario. Con las dos ofertas ya recibidas, corresponde ahora verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas antes de una eventual adjudicación de una de las mayores inversiones en infraestructura penitenciaria actualmente previstas en Panamá.
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