El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional de hasta $7,882,484 para reforzar el presupuesto de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los recursos serán utilizados para formalizar contratos de servicios legales con diferentes firmas o contratistas, mientras Panamá mantiene procesos internacionales relacionados con inversiones extranjeras.
La decisión quedó contenida en la Resolución 86-26 y deberá pasar ahora por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para su aprobación. El crédito cuenta con opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con un informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General, antes de incorporarse formalmente al Presupuesto General del Estado de 2026.
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Los arbitrajes de inversión son mecanismos mediante los cuales un inversionista extranjero puede llevar una controversia contra un Estado ante un tribunal arbitral internacional, generalmente cuando considera que fueron vulneradas garantías establecidas en tratados de protección de inversiones.
A diferencia de un proceso ante los tribunales ordinarios, la controversia es decidida por árbitros y puede terminar con un laudo que ordene indemnizaciones millonarias.
Panamá participa en este tipo de procesos principalmente a través de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del MEF, encargada de coordinar la defensa jurídica del Estado.
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Muchos expedientes son tramitados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Grupo Banco Mundial creada específicamente para resolver controversias entre inversionistas extranjeros y Estados receptores de inversiones.
Uno de los procedimientos más recientes fue presentado por Sinolam International Pte Ltd contra la República de Panamá. El CIADI registró el caso el 16 de marzo de 2026 y el tribunal quedó constituido en junio.
La controversia está relacionada con un proyecto de generación de energía eléctrica y utiliza como instrumento el tratado comercial entre Singapur y Panamá. El proceso continúa pendiente.
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El expediente tuvo movimiento recientemente: el tribunal celebró su primera sesión en julio y Sinolam solicitó medidas provisionales el 22 de ese mes. Panamá aparece representado en el procedimiento por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El monto de una eventual reclamación no aparece divulgado en la ficha pública del CIADI, por lo que todavía no es posible establecer la exposición económica del Estado en este caso.
Otro proceso que continúa abierto corresponde a Webuild S.p.A., anteriormente denominada Salini Impregilo, contra la República de Panamá. El arbitraje fue registrado ante el CIADI en abril de 2020 y permanece pendiente.
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En marzo de 2026 ambas partes presentaron escritos relacionados con los costos del procedimiento, según la actualización pública del organismo internacional.
Los gastos para defender al Estado pueden extenderse durante años porque estos procedimientos requieren abogados especializados en derecho internacional, peritos, expertos financieros y equipos técnicos, además de los propios costos del arbitraje.
En controversias complejas, las firmas internacionales contratadas para representar a los países pueden generar honorarios de varios millones de dólares durante la duración del proceso.
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Panamá también ha obtenido resultados favorables. En mayo pasado, el país ganó el arbitraje iniciado por Banesco Holding Latinoamérica y Banesco Panamá, que reclamaban más de $13.5 millones bajo el acuerdo de protección de inversiones entre España y Panamá.
El tribunal rechazó todos los reclamos presentados contra el Estado panameño y cerró una controversia iniciada en 2023.
Además de rechazar las pretensiones, el tribunal determinó que Banesco deberá pagar a Panamá $900 mil en concepto de honorarios legales y gastos del procedimiento. La defensa panameña estuvo a cargo de la firma internacional LALIVE.
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El caso involucraba reclamos por supuestas actuaciones arbitrarias y discriminatorias relacionadas con fianzas de contratos de obras públicas.
Otro expediente de gran exposición económica estuvo relacionado con Sacyr y las controversias surgidas de la ampliación del Canal de Panamá.
Un tribunal arbitral rechazó en 2025 una reclamación individual de la constructora española, que buscaba una compensación estimada entre $1,000 millones y $1,200 millones, aunque permanecen otras disputas vinculadas con el proyecto canalero.
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El crédito aprobado por el Gabinete no significa, por sí mismo, que Panamá tenga que pagar indemnizaciones por $7.8 millones ni que haya perdido algún arbitraje.
Los recursos están destinados al presupuesto de funcionamiento de la oficina responsable de estos procesos y, específicamente, a contratar servicios legales para la defensa del Estado en varias controversias.
Entre los procesos de mayor exposición económica figuran los vinculados con Cobre Panamá, la mina ubicada en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en Colón.
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Ambos arbitrajes permanecen suspendidos por acuerdos entre las compañías y Panamá, una decisión adoptada para facilitar el diálogo con el Gobierno sobre la situación de la mina después de que la Corte Suprema declarara inconstitucional en noviembre de 2023 la ley que aprobó el contrato de concesión.
A estos procesos se suma el de Franco-Nevada, que reclamó alrededor de $5,000 millones a Panamá por las consecuencias del cierre de Cobre Panamá. La compañía canadiense mantenía un acuerdo para adquirir oro y plata producidos por el proyecto a cambio de financiamiento.