La compra de una vivienda nueva en Panamá podría resultar menos costosa si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que elimina el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) en la primera venta de unidades habitacionales de hasta $120,000.
La iniciativa también reduce de manera escalonada la carga tributaria para inmuebles cuyo valor no supere los $200,000 y forma parte de la estrategia oficial para facilitar el acceso a la vivienda, dinamizar la construcción y generar empleos.
El proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete y presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman. La propuesta adiciona un artículo a la Ley 106 de 1974, que regula el impuesto sobre las transferencias de bienes inmuebles, y modifica la Ley 4 de 1994, relacionada con el sistema de intereses preferenciales.
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Para acceder al beneficio, la primera venta de la vivienda nueva deberá formalizarse dentro de los dos años siguientes a la expedición del permiso de ocupación.
Chapman explicó que las viviendas de hasta $120,000 quedarían completamente exentas, frente al impuesto general del 2% que se venía aplicando.
En las viviendas cuyo precio supere esa cantidad, la exoneración cubrirá los primeros $120,000 y el impuesto se calculará exclusivamente sobre el excedente. La medida, aseguró, está enfocada principalmente en las familias panameñas de ingresos bajos y medios que buscan adquirir una propiedad.
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“Esto está enfocado, primordialmente, en facilitar que las familias panameñas de menores ingresos puedan cumplir su sueño de adquirir una vivienda”, manifestó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El impuesto representa un costo relevante dentro de una operación inmobiliaria debido a que no suele formar parte del financiamiento hipotecario, por lo que debe ser cubierto con recursos disponibles al momento de cerrar la compraventa.
La escala propuesta establece una tarifa de 0.5% para el excedente de viviendas valoradas entre $120,001 y $130,000. La tasa aumentará a 1% para unidades de hasta $150.000; 1,4% hasta $170,000; 1.6% hasta $190,000, y 1.8% cuando el precio total de la propiedad se ubique entre $190,001 y $200,000.
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Las viviendas que superen ese límite no estarán cubiertas por la escala preferencial planteada.
El proyecto también establece que el vendedor será responsable del pago del impuesto y declara nulo cualquier acuerdo mediante el cual se traslade directa o indirectamente esa obligación al comprador.
Con esta disposición, el Ejecutivo pretende evitar que los promotores incorporen el gravamen como un cargo adicional dentro de los contratos, aunque en la práctica los costos tributarios pueden terminar reflejándose en el precio final de la vivienda.
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La propuesta representa un cambio frente al régimen establecido en 2025, cuando la Ley 468 eliminó la exoneración del ITBI para las primeras ventas de viviendas nuevas.
Desde entonces, los promotores quedaron obligados a pagar el 2% correspondiente a cada transferencia, una medida cuestionada por representantes del sector inmobiliario y de la construcción, quienes advirtieron que podía encarecer los proyectos, reducir los márgenes de las empresas y dificultar la compra de viviendas.
El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, sostuvo que la exoneración forma parte de una estrategia más amplia para atender las necesidades habitacionales y recuperar la actividad de la construcción.
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De acuerdo con el funcionario, durante los primeros 24 meses de la administración del presidente José Raúl Mulino se lograron rescatar, terminar y entregar más de 6,200 soluciones de vivienda que habían quedado abandonadas por gobiernos anteriores.
Jované señaló que el presupuesto de 2027 permitirá continuar proyectos como Bambú y Mastranto, además de impulsar obras en el área metropolitana y en diferentes provincias. Entre las iniciativas mencionó Ave Fénix, en El Chorrillo; Pastor de Diego, en Chitré, y proyectos previstos en Portobelo, Los Santos, Aguadulce, Coclé y Veraguas.
El Miviot también ha iniciado licitaciones para paquetes de 150 mejoramientos habitacionales, con el objetivo de atender tanto el déficit cuantitativo como las deficiencias existentes en viviendas ya construidas.
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El ministro adelantó que el Gobierno prepara además el programa “Abono Inicial Pa’ Ti”, mediante el cual se buscará reducir el impacto económico del primer pago que deben realizar las familias al comprar una propiedad.
El mecanismo se encuentra en revisión con los bancos hipotecarios, los promotores de vivienda y el Estado, que deberán establecer la estructura financiera y las condiciones para respaldar los desembolsos.
Jované aseguró que el Ejecutivo también trabaja para cancelar la deuda heredada del Bono Solidario de Vivienda, con la intención de que esos pagos permitan a los promotores desarrollar nuevos proyectos.
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“Es un apoyo en conjunto con el sistema bancario, los promotores de vivienda y las familias que van a tener acceso a las mismas”, afirmó el ministro, quien considera que estas medidas pueden ayudar a “destrancar” la industria de la construcción.
Por su parte, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que la exoneración del ITBI se integra a la estrategia anunciada por Mulino para generar más de 80.000 empleos.
El Gobierno espera que la reducción de los costos de compraventa aumente la demanda de viviendas nuevas y reactive una industria que genera encadenamientos en actividades como materiales, transporte, servicios financieros y contratación de mano de obra.
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La propuesta deberá ser discutida ahora por la Asamblea Nacional, que podrá modificarla antes de su aprobación definitiva. De convertirse en ley, el beneficio volvería a exonerar la primera venta de viviendas nuevas, aunque con un alcance focalizado: exención completa hasta $120,000 y tarifas reducidas para propiedades de hasta $200,000.
La apuesta gubernamental es que el alivio tributario, acompañado por programas de apoyo al abono inicial y nuevas inversiones públicas, facilite el acceso a una vivienda y contribuya a recuperar uno de los sectores estratégicos de la economía panameña.