El Gobierno de Panamá autorizó mantener bajo confidencialidad los pliegos de cargos de varias contrataciones relacionadas con la seguridad pública, una decisión que limitará el acceso público a información sobre los bienes, equipos y obras que serán adquiridos por el Estado.
Las resoluciones aprobadas por el Consejo de Gabinete y publicadas este lunes en la Gaceta Oficial autorizan procesos de preselección de proponentes para al menos cuatro contrataciones estratégicas vinculadas a seguridad pública e infraestructura institucional.
Entre ellas figuran el suministro de equipamiento de protección personal y operativa para unidades de seguridad pública; la compra de insumos y equipos para unidades especiales de la Policía Nacional; la adquisición de equipos y herramientas para unidades especializadas de la institución; y el estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración.
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En todos los casos, el Gabinete autorizó expresamente que los pliegos de cargos sean confidenciales. Esto implica que los interesados deberán firmar acuerdos de confidencialidad para obtener acceso a la documentación a través de PanamáCompra, tal como lo permite el numeral 13 del artículo 39 del Texto Único de la Ley 22 de Contrataciones Públicas para adquisiciones sensibles vinculadas a la seguridad y defensa del Estado.
La consecuencia práctica es que buena parte de la información que normalmente acompaña un acto público no estará disponible para consulta abierta. Las especificaciones técnicas, cantidades requeridas, capacidades operativas buscadas y otros detalles permanecerán reservados durante el proceso de contratación estatal.
En el caso de las compras para la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad Pública argumenta que divulgar información sobre equipos, herramientas, municiones, agentes químicos o elementos de protección podría revelar capacidades operativas del Estado y ser aprovechada por estructuras criminales organizadas.
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Según las resoluciones, la publicación abierta de esos datos permitiría anticipar tácticas, identificar fortalezas o debilidades operativas y comprometer la seguridad institucional del país.
Los documentos señalan además que parte de estos equipos tienen varios años sin ser renovados y que el abastecimiento busca fortalecer la capacidad de respuesta de los estamentos de seguridad frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad ciudadana.
Sin embargo, la confidencialidad también alcanzará un proyecto de infraestructura civil de gran magnitud: la nueva sede principal del Servicio Nacional de Migración, que será construida en Curundú, corregimiento de Ancón.
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El proyecto incluye el estudio, diseño, construcción y mantenimiento del edificio, pero la resolución no revela el costo estimado de la inversión ni las características técnicas de la futura instalación pública.
El Ministerio de Seguridad sostiene que la reserva responde a que la divulgación de información sobre la estructura física del edificio, controles tecnológicos, ubicación de documentos y sistemas institucionales podría afectar la seguridad de la entidad y la continuidad de sus operaciones. T
ambién argumenta que la actual sede de Migración, ubicada en Betania, enfrenta limitaciones de espacio, deterioro estructural y una creciente demanda de servicios derivada del aumento de los flujos migratorios.
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Otro elemento llamativo es que las resoluciones no detallan montos de referencia para ninguna de las contrataciones. Tampoco se divulgan las cantidades específicas de equipos o insumos requeridos, información que habitualmente permite dimensionar el alcance económico de una compra pública en el país.
Las cuatro contrataciones se desarrollarán mediante procesos de preselección de proponentes. Una vez concluida esa etapa, únicamente podrán participar en los actos públicos las empresas previamente calificadas por el Estado.
La decisión reabre el debate sobre el equilibrio entre la protección de información sensible relacionada con la seguridad nacional y los principios de transparencia que rigen las contrataciones públicas.
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Aunque la legislación panameña contempla excepciones para adquisiciones vinculadas a la defensa y seguridad del Estado, la extensión de la confidencialidad a proyectos de infraestructura institucional plantea interrogantes sobre los límites de la reserva y el acceso ciudadano a información sobre el uso de recursos públicos.