La imagen de personas durmiendo en aceras, parques, puentes peatonales y espacios públicos se ha vuelto cada vez más frecuente en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Lo que durante años fue un fenómeno concentrado en áreas específicas del centro de la capital se ha extendido hacia corregimientos y zonas comerciales donde la presencia de personas en situación de calle es hoy parte del paisaje urbano cotidiano.
Frente a esta realidad, la Asamblea Nacional inició un proceso de consultas para discutir una propuesta legislativa que busca crear, por primera vez, una política pública nacional enfocada en la rehabilitación y reinserción social de esta población.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y el diputado Manuel Cheng instalaron formalmente una mesa técnica para analizar el proyecto de ley 17, que crea el Plan Nacional Integral de Rehabilitación y Resocialización para Personas en Situación de Calle.
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La iniciativa se encuentra pendiente de primer debate y busca incorporar propuestas de instituciones públicas, municipios, organizaciones sociales y especialistas antes de iniciar su discusión legislativa.
La necesidad de una intervención estatal más amplia quedó reflejada durante la primera sesión de consultas. Lizbeth Cunningham, directora de Gestión Social del Municipio de Panamá, informó que actualmente existe un promedio de 1,059 personas en situación de calle dentro del distrito capital.
De acuerdo con los registros municipales, el 92% presenta adicciones a sustancias ilícitas o alcohol, mientras que otro 7% enfrenta trastornos mentales, dos factores que suelen estar estrechamente vinculados a la permanencia en las calles.
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El propio proyecto de ley reconoce que Panamá carece de una cifra nacional oficial sobre las personas sin hogar. En la exposición de motivos se advierte que esta población ha sido históricamente invisibilizada y que ni siquiera existe una medición estatal que permita conocer la verdadera dimensión del problema.
Los promotores de la iniciativa sostienen que esta ausencia de información dificulta la formulación de políticas públicas efectivas y limita la capacidad de las instituciones para atender a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
La propuesta plantea que el Ministerio de Desarrollo Social lidere un plan nacional acompañado por un Consejo Técnico integrado por entidades como los ministerios de Salud, Seguridad, Gobierno, Vivienda y Desarrollo Agropecuario, además del Banco Hipotecario Nacional y representantes de los municipios.
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Entre sus primeras tareas estaría la elaboración de un estudio demográfico y socioeconómico que permita identificar cuántas personas viven en las calles y cuáles son las principales causas que las llevaron a esa condición.
Uno de los componentes centrales del proyecto es la creación de centros de atención para personas en situación de calle. La iniciativa establece que deberá existir al menos un centro de este tipo para atender a la población vulnerable, con capacidad para ofrecer alimentación, alojamiento temporal, atención médica, apoyo psicológico y psiquiátrico, asesoría legal, capacitación laboral y programas de rehabilitación para personas con problemas de adicción.
El modelo propuesto contempla varias etapas. La primera estaría enfocada en la recuperación física y emocional de la persona mediante tratamientos médicos y programas de desintoxicación. Posteriormente se desarrollarían programas de capacitación en oficios y fortalecimiento de habilidades laborales, mientras que una tercera fase buscaría facilitar la reinserción social y el acceso a oportunidades de empleo.
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El Ministerio de Trabajo tendría la responsabilidad de coordinar con empresas privadas e instituciones públicas la incorporación laboral de quienes culminen satisfactoriamente el proceso.
Durante la instalación de la mesa técnica, el presidente de la Asamblea sostuvo que la iniciativa no pretende limitarse a brindar refugio temporal o asistencia básica. Según explicó, el objetivo es construir una ruta integral que incluya tratamiento de adicciones, atención de salud mental, formación para el trabajo y acompañamiento continuo hasta que la persona pueda recuperar su autonomía económica y social.
El diputado Manuel Cheng afirmó que la consulta pública permitirá enriquecer el contenido del proyecto con aportes técnicos y experiencias institucionales. Entre las propuestas presentadas durante la primera reunión figura una mayor participación de municipios y juntas comunales en la implementación de las políticas destinadas a esta población, al considerar que son las autoridades que mantienen un contacto más cercano con la realidad de las comunidades.
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La iniciativa surge en un contexto en el que diversos sectores coinciden en que la presencia de personas viviendo en las calles se ha vuelto más visible durante los últimos años, especialmente después de la pandemia.
Los impulsores del proyecto sostienen que el país necesita pasar de acciones aisladas de asistencia social a una estrategia nacional permanente que combine rehabilitación, salud, vivienda, empleo y seguimiento institucional.
La mesa técnica continuará recibiendo propuestas antes de que el proyecto de ley sea sometido a discusión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
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