Para albergar a 2,000 privados de libertad el gobierno panameño informó que prepara una licitación para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
La licitación podría estar lista en unos nueve meses, lo que según alegan las autoridades despertará el interés por participar de las empresas constructoras de diferentes países.
Para abordar el hacinamiento en las cárceles del país, cuya sobrepoblación se estima en un aproximado de más de 9,000 mil privados de libertad, el gobierno concedió esta semana rebajas de pena a 955 personas condenadas por delitos comunes.
La medida volvió a poner bajo escrutinio una facultad presidencial capaz de reducir condenas y acelerar excarcelaciones, incluso en medio del debate público por casos recientes que han involucrado a figuras vinculadas a procesos de alto perfil.
Del total de beneficiados, 691 corresponden a hombres y 228 a mujeres panameñas, a ellos se suman 36 extranjeros, de los cuales 17 son hombres y 19 mujeres.
En conjunto, las mujeres representan cerca del 26% de los favorecidos, mientras que los hombres constituyen el 74% restante.
Jorge Torregroza, director general del Sistema Penitenciario justificó la urgencia del proyecto de la prisión de máxima seguridad, señalando el hacinamiento actual en las cárceles.
Indicó que la nueva estructura facilitará la debida clasificación de los internos, de acuerdo a su perfil de peligrosidad y reforzará los programas de resocialización institucionales.
“Como ministerio hemos estado impulsando este tipo de proyectos, debido a la sobrepoblación en todos los centros penitenciarios”, puntualizó Torregroza.
Este modelo, agregó que “de alguna forma nos permite también llevar los programas de resocialización. Con una cárcel de máxima seguridad podremos hacer debidamente la clasificación de privados de libertad con este tipo de perfiles”.
El proyecto del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad es uno de los planes de infraestructura social más relevantes dentro de la estrategia de diversificación del portafolio bajo el régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP).
La iniciativa, según una nota de prensa oficial, contempla el desarrollo de infraestructura especializada bajo altos estándares técnicos, con criterios de desempeño, eficiencia operativa y sostenibilidad alineados con las mejores prácticas internacionales.
Durante una reciente sesión gubernamental, se autorizó avanzar a la Fase 2 de análisis de factibilidad, aprobar la implementación del proyecto APP y autorizar su futura licitación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 58 de 26 de junio de 2025, que moderniza y agiliza los procesos de estructuración de proyectos APP en el país.
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Este sería el tercer proyecto en el que el que la administración de José Raúl Mulino utiliza el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas, “y ha avanzado bastante rápido”, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
El funcionario sostuvo que la modalidad APP es un mecanismo que en el pasado tomaba mucho tiempo, pero que hoy está dando resultados gracias a las adecuaciones y mejoras regulatorias aplicadas por la actual administración para agilizar los procesos.
Para Orillac, esta modalidad permite desarrollar proyectos en situaciones de limitación financiera, con la ventaja particular de incluir el mantenimiento y la operación de la obra a largo plazo, apunta la información gubernamental.